El PP anuncia la interposición de recursos contenciosos contra los acuerdos de Albuñol y Salobreña

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Los populares han presentado presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada un recurso contencioso por vulneración de derechos fundamentales en nombre del concejal popular de Salobreña y portavoz Rubén Rodríguez Juárez. Asimismo, en los próximos días se interpondrá un recurso similar en nombre del Alcalde de Albuñol, Juan María Rivas.

Ambos recursos tienen por finalidad que el Juzgado de lo Contencioso anule el nombramiento de los vocales de dichos ayuntamientos, por incumplir los acuerdos establecidos en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

Según la citada Ley, aprobada en el 2010, el nombramiento de los representantes de los Ayuntamientos en las Mancomunidades debe hacerse de forma proporcional al número de votos obtenidos en las Elecciones Municipales. Sin embargo, en el caso de Salobreña, el Pleno ha designado a los tres representantes que le corresponden al Ayuntamiento del PSOE, cuando en aplicación de la fórmula proporcional le correspondería uno al PP; asimismo, en Albuñol, el Pleno ha designado a uno del PSOE y a otro de Convergencia Andaluza, cuando por aplicación de la Ley, éste último debe recaer en el PP.

Para el Partido Popular no tiene sentido que la Junta de Andalucía apruebe en el 2010 una ley que regula cómo deben hacerse los nombramientos de concejales en las mancomunidades, y sin embargo, los concejales del PSOE incumplan dicha Ley en los ayuntamientos de la Costa Tropical.

Además, la propia Junta de Andalucía está requiriendo a los ayuntamientos para que nombren sus representantes con arreglo a la Ley. 3º. En la Mancomunidad, se recibió el 11 de Julio de 2011 escrito de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada en el que se señalaba textualmente:

«En relación con las consultas que se están formulando sobre la composición de los órganos de representación de las Mancomunidades de Municipios, le informo que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.2 de la Ley 5/2.010, de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, los representantes en los órganos de la Mancomunidad se designarán, por cada municipio de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales».Además es muy curioso que el PSOE está exigiendo en la Mancomunidad de La Alpujarra el cumplimiento de la Ley, y en la Costa el Sr. Fernández Pulido dice que la Ley no es aplicable. Esta doble moral típica en los representantes del PSOE ya le ha jugado alguna mala pasada, puesto que la Delegación del Gobierno Andaluz en Granada está requiriendo a los Ayuntamientos de la Alpujarra para que modifiquen los acuerdos plenarios por incumplir la LAULA, mientras que en la Costa no han dicho nada ante casos iguales, demostrándose el doble rasero que los socialistas aplican en las instituciones que gobiernan.

Es curioso que la Junta exija que se aplique la LAULA en La Alpujarra, y en la Costa no haya enviado ningún requerimiento al Ayuntamiento de Salobreña, ni de Albuñol, para que modifiquen su acuerdo de designación.

Además, el Partido Popular va a recurrir por la vía ordinaria dichos acuerdos, y va a solicitar la suspensión judicial de los mismos. Si se aplica la Ley en la elección de los representantes de la Mancomunidad de la Costa, el PP obtendría la mayoría absoluta, por lo que la presidencia y las tres vicepresidencias serían para el Partido Popular. Por tanto, el PP va a hacer todo lo posible por que se cumpla la legislación vigente y se respete la voluntad de los ciudadanos.

El PP sostiene que ha sido la fuerza política más votada en la Costa durante cuatro mandatos, y que el PSOE debe respetar la decisión de los ciudadanos, y no parapetarse tras nombramientos que incumplen las leyes para ganar gobiernos que no le corresponden, ni por votos, ni por ley. Situación que ya le pasó a Gonzalo Fernández Pulido en el anterior mandado del ente Comarcal de haber sido el presidente de la Mancomunidad más breve de la historia; igual puede pasarle ahora, si obtiene la presidencia en base a la designación ilegal de los representantes y luego dichos acuerdos son anulados en los tribunales.

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