FINIS AFRICAE

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PUNTUALIZANDO: MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN NO FUE AUDITOR DE LA ARMADA. UNAS NOTAS SOBRE JUAN ORTIZ DEL BARCO

Francisco Guardia -Escritor-

Hace algún tiempo, curioseando en internet, me encontré con una referencia al que fuera cronista de Motril don Manuel Rodríguez Martín, donde se afirmaba que había sido auditor de Marina. No recuerdo la autoría, pero me parece que era de una persona relacionada de alguna manera con una institución motrileña. No le di importancia, pues ya se sabe que internet es un dominio en el que cualquier disparate encuentra acogida y ahora, al buscarla, no la consigo localizar. Pero como los errores tienen las virtudes del contagio y la multiplicación, me encuentro igual afirmación en un lugar que en principio merecería ser fidedigno: la página web de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, donde podemos leer textualmente: “Además de Cronista de su pueblo, fue Auditor de la Armada, donde cosechó una gran fama como jurista dedicado a la Administración Militar y Naval.”

Puesto que en la afirmación hay un error, y corregir al que yerra es una obra de misericordia, voy a intentar, de la forma más clara y concisa posible, desfacer el entuerto.

Don Manuel Rodríguez Martín no fue auditor de la Armada. No pudo serlo, porque para ser auditor había que ser antes licenciado en Derecho y don Manuel no lo era, pues carecía de estudios universitarios, lo que no fue obstáculo para que quienes lo conocieron lo consideraran un hombre de enciclopédica cultura. Punto.

Podríamos preguntarnos cómo erró quien primero escribió tal cosa, arrastrando a la confusión a quienes lo leyeron y copiaron, pues todas las cosas admiten explicaciones y esta me parece sencilla. Alguien leyó un día que hubo un auditor de la Armada llamado Juan Ortiz del Barco y razonó así: “Manuel Rodríguez Martín y Juan Ortiz del Barco eran la misma persona; Juan Ortiz del Barco fue auditor de la Armada; luego Manuel Rodríguez Martín era auditor de la Armada”. Todo muy lógico: solo que el pretendido silogismo tiene trampa, pues ese fue otro Juan Ortiz del Barco. Si al llegar aquí el lector no está hasta el gorro, procuraré aclararlo.

Cuando don Manuel comenzó a trabajar en la Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz, en San Fernando, se encontró con algo que había echado de menos en su vivencia motrileña: bastantes libros y una inmensa cantidad de legajos con documentos donde satisfacer su curiosidad lectora. Consistía esta documentación básicamente en expedientes judiciales, que se habían ido acumulando a lo largo de los años y, como las sentencias podían ser aprovechadas como jurisprudencia para los casos que se iban produciendo, su portentosa inteligencia y memoria las iba asimilando. Entre tantas sentencias llamaban su atención, por lo jurídicamente bien motivadas, las de un antiguo juez llamado Juan Ortiz del Barco. Le gustó el nombre y lo usó como pseudónimo en sus más acreditadas obras. Ese fue el motivo y no, como aventura Antonio Ayudarte, que “el apellido postizo ‘del Barco’ [sea] una prueba de su inclinación a las cosas de la marina”.

Sin embargo, no es gran cosa lo que el señor Rodríguez Martín logró averiguar sobre Juan Ortiz del Barco, de forma que cuando en 1896 escribió su libro Los Auditores de Marina, al abordar la personalidad del auditor hubo de contentarse con ofrecer unos escasos datos sobre su carrera, enriquecidos con la transcripción de los documentos en que los encontró y comentarios de relleno. El manuscrito no ha llegado hasta nosotros, pero sí la parte que se publicó por entregas. Es posible que cuanto logró saber sobre el particular se resuma en lo que escribe en el “Estudio histórico sobre la administración de justicia en la Armada”, publicado en 1912 en su libro misceláneo Batiburrillo Marítimo, y que quizá no sea más que un fragmento desgajado del texto primitivo.

Tras leer los breves apuntes contenidos en dicho estudio, una somera investigación nos ha permitido encontrar noticias que confirman lo ya sabido, con otras nuevas que hubieran hecho las delicias de don Manuel y que ofreceré resumidas, por si al otro lado de esta página existe alguna persona a la que no importe, como a mí, perder su tiempo en inútiles antiguallas.

Don Juan nació en Huelva circa 1762, hijo de Juan, natural de Huelva y de Ana María nacida en La Palma (Sevilla), ambos de familias que habían acreditado su hidalguía.

Estudió en la universidad hispalense donde recibió el grado de bachiller en Derecho Civil, y desde 15 de junio de 1789 ejerció de abogado en la audiencia territorial de Sevilla hasta el 27 de octubre del mismo año, que lo nombró el rey agente fiscal del Departamento de Marina de Cádiz. Aunque no hemos logrado establecer la fecha, debió ser por entonces cuando contrajo matrimonio con doña Luisa de Avendaño y Nieto, nacida en Écija en 1769, hija de Juan, natural de Sevilla y de María Nicolasa, de Córdoba, que le dio varios hijos.

El 9 de marzo de 1798 ascendió a fiscal, y el 28 de octubre de 1804 fue promovido a la auditoria principal del mismo Departamento.

En el año 1800 una epidemia de fiebre amarilla causó estragos en Andalucía. Don Juan se encontraba, sin que sepamos la causa, en el condado de Niebla y consta que “hizo un servicio particular y extraordinario, contribuyendo con sus acertadas providencias a salvar a diez pueblos del contagio; recibiendo de ellos las gracias”.

El 31 de mayo de 1802 solicitó del rey que se permitiera a los fiscales de los Departamentos optar a cubrir las vacantes de las Auditorías y que él se le diera por nombrado para la del Departamento de Cádiz, o bien se le concedieran los “honores de toga”, consiguiendo fuera atendida su primera petición. Meses más tarde, el 18 de octubre, pidió plaza en la Real Audiencia de Sevilla o en la de Cáceres, como recompensa a sus 15 años de servicios, desempeñando comisiones de gravedad como la de puesta a punto del tribunal del Departamento, o la formación de los inventarios de la Escribanía Mayor de Marina y, aunque no fue atendido, no cesaba en sus reivindicaciones. Habiéndose concedido en 12 de junio de 1806 a los auditores de Guerra el uso de un vistoso uniforme, echó mano a la pluma instando con éxito al director general del Departamento que solicitara del Gobierno la extensión de dicha gracia a los de la Armada,

En 1º de marzo de 1809, en plena Guerra de la Independencia, recibió el nombramiento de asesor del gobierno militar de la ciudad de San Fernando y el 17 de junio la Junta Central le concedió los honores de alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla, y aunque solicitó que se le canjearan por los de oidor, esta petición no fue atendida.  La gracia de 17 de junio fue aprobada por la Regencia del Reino el 12 de mayo de 1810, aunque no pudo recoger el nombramiento por causa del bloqueo de Cádiz.  

También en 1810 se creó un Consejo de Guerra permanente para juzgar los delitos de infidencia y deserción de la gente de mar, donde desempeñó el cargo de asesor con general satisfacción de sus superiores.

Estando establecido el gobierno en la ciudad de Cádiz se le encomendó interinamente la asesoría de la Dirección General de la Armada. Al finalizar expresó su jefe la satisfacción por su proceder y el sentimiento de que no continuase con el destino en propiedad, para lo que lo propondría si le viniera bien trasladarse a Madrid.

Terminada la guerra se instaló en San Fernando un Consejo de Guerra de Generales, bajo la presidencia del Jefe de Escuadra don Marcelo Spínola, para juzgar a los oficiales de la Armada que habían jurado al rey intruso o permanecido en país ocupado por el enemigo y don Juan fue designado para la asistencia personal a dicho consejo por sus conocimientos jurídicos. Desempeñó esta labor desde el 27 de septiembre de 1814 a marzo de 1817. El Consejo depuró a cincuenta jefes y oficiales, y después se creó otra junta para juzgar a los demás aforados de Marina que no fueran oficiales, donde actuó de vocal.

Manuel Rodríguez Martín lo hace -con ciertas reservas- autor de una memoria sobre si debía prohibirse en la pesca el arte del bou. Esta memoria parece perdida y suponemos que nuestro primer cronista, que debió verla, se basaría en la caligrafía para su atribución.

El trienio constitucional fue una oportunidad para quienes como don Juan profesaban ideas liberales. Las nuevas autoridades recuperaron el plan de implantación de los partidos judiciales al cargo de jueces de primera instancia, que había sido una iniciativa de las Cortes de Cádiz, abortada al asumir Fernando VII el poder absoluto. Ortiz del Barco aspiró a una de aquellas judicaturas sin lograrlo al principio, pero habiendo sido promocionado a la Audiencia de Mallorca el juez de San Fernando don Juan de Dios Aguilar, de brillante historial, se nombró para sucederle a don Juan Ortiz del Barco por decreto de 18 de julio de 1822; por otro de 29 de agosto siguiente se le trasladó al juzgado de Algeciras, donde reemplazó a Leonardo Talens de la Riva que había sido destinado a Cádiz.

Cuando la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luís restituyó a Fernando VII en su poder absoluto, Ortiz del Barco cayó en desgracia y fue obligado a jubilarse con los dos tercios de su sueldo y aunque por todos los medios intentó volver al servicio activo no lo logró, por lo que hubo de conformarse con ganarse la vida ejerciendo la abogacía en San Fernando.

El 29 de septiembre de 1833 falleció el rey. Su viuda doña María Cristina quedaba como tutora de su hija durante su menor edad y en funciones de Reina gobernadora. Aunque al principio conservó a los viejos ministros, en 15 de enero de 1834 caía el Ministro de Estado Zea Bermúdez sucediéndolo Martínez de la Rosa, que era liberal y permaneció en el cargo hasta julio del año siguiente.

Don Juan debió considerar que era el momento de reivindicar un pago a sus servicios y con fecha 2 de enero de 1835 escribía desde Quintana de la Serena, en Extremadura, donde al parecer poseía algunas propiedades, recordando al Ministerio de Gracia y Justicia que en la última época constitucional había sido juez de San Fernando y Algeciras, sufriendo persecuciones desde 1823, por lo que solicitaba ser colocado en uno de dichos partidos o en otro inmediato.

Merodeaban por aquellos días en los campos del partido de Herrera del Duque las partidas carlistas de Manuel Adame “El Locho”, don Mariano Peco, Isidro Mir y otras, aprovechando las anfractuosidades del terreno y la circunstancia de concurrir los límites de varias provincias. El 25 de abril del mismo 1835 elevó nuevo escrito al Ministerio en que exponía que el capitán general de Extremadura había admitido la oferta de veinte urbanos movilizados por su cuenta, con los que se comprometía a hacer desaparecer los cabecillas que vagaban por las inmediaciones de dicha población, “tupándolos por aquellos montes a bayoneta calada” si se le agraciaba con el juzgado de aquel partido “solo durante las actuales circunstancias”, pues concluida la guerra volvería a su casa con su “numerosísima familia” a cuidar sus negocios, prometiendo dejar un tercio de su sueldo para los milicianos de su partida. La oferta no fue tomada muy en serio. Don Juan tenía entonces 72 años, una edad muy avanzada para la época, y la imagen de aquel septuagenario “tupando” las partidas a bayoneta calada por los agrestes montes de La Siberia extremeña debió producir más de una sonrisa en el Ministerio. Se le respondió que el partido no estaba vacante. 

La vuelta al servicio se había convertido en una obsesión. El 14 de diciembre se dirige a la reina exponiendo que en el año 1825 “se conjuraron contra el exponente sus enemigos y rivales, y encontrando apoyo en el Jefe Superior de la Real Armada, que tampoco le era afecto, propuso y consiguió su jubilación con los dos tercios de su sueldo. Pero ¡qué empleado que tuviese olor a liberal no fue depuesto o desplazado en aquella época!”.

Agrega que resultaron baldíos cuantos esfuerzos realizó para conseguir nuevo empleo en la Marina y se vio obligado, para poder subsistir, a volver al ejercicio de la abogacía abriendo bufete en la ciudad de San Fernando y ejercer algunos otros cargos que le habían merecido notoria reputación. Se consideraba acreedor a que S. M., en atención a sus méritos y servicios, lo nombrara para una plaza togada pues, aunque su edad era algo avanzada, se encontraba “con tanta agilidad y robustez como un joven”.

Esta última petición no obtuvo respuesta. Tampoco sería tan esplendorosa su agilidad y robustez, cuando falleció de “enfermedad natural” cuatro meses más tarde en San Fernando, el 24 de abril de 1836.

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