EL FARO
Reiteran la petición «tras más de un año de quejas vecinales»
El Defensor del Pueblo Andaluz ha preguntado reiteradamente al Ayuntamiento por las reclamaciones de los vecinos sin recibir respuesta efectiva de la alcaldesa, mientras decenas de familias continúan sufriendo olores, suciedad e insectos bajo sus viviendas. ¿En base a qué informe técnico, expediente administrativo o criterio jurídico se decidió trasladar estos contenedores desde su ubicación anterior hasta situarlos bajo las ventanas y puertas de varias viviendas?, argumenta la formación Centrados en Motril.
«Queremos denunciar públicamente la situación de abandono que siguen sufriendo los vecinos de la calle Santísimo más de un año después de que trasladáramos a la opinión pública sus quejas por la ubicación de varios contenedores de residuos bajo las puertas y ventanas de sus viviendas. Lejos de resolverse, el problema continúa agravándose. Durante todo este tiempo los vecinos han tenido que soportar malos olores, acumulación de residuos, presencia de insectos y unas condiciones que afectan directamente a su calidad de vida, a su bienestar y, potencialmente, a su salud».
La situación ha llegado a tal extremo que los propios vecinos han tenido que dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz para reclamar una solución ante la falta de respuesta municipal, más de un año después, el Ayuntamiento de Motril sigue sin dar respuesta efectiva a las reclamaciones planteadas por los afectados y el propio defensor del pueblo andaluz, señalan.
Desde Centrados en Motril consideran que este asunto ya no es únicamente una cuestión relacionada con la ubicación de unos contenedores. Estamos ante un problema de salud pública, de justicia social y de respeto a los derechos de los ciudadanos. «Queremos saber si existe un informe técnico que avale esta decisión, y además preguntamos, ¿con qué criterios se ha adoptado esta medida?. Los vecinos tienen derecho a saber quién tomó esta decisión, qué informes la respaldan y por qué se retiraron los contenedores de una ubicación donde no causaban perjuicios directos para trasladarlos a otra donde sí generan molestias evidentes».
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la gestión de residuos debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y minimizando las molestias derivadas de olores, ruidos o cualquier otro impacto negativo sobre la población.
Asimismo, la Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y en su artículo 45 el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Del mismo modo, la propia Ordenanza Municipal de Limpieza recoge la obligación de gestionar los residuos evitando perjuicios para la salud, el bienestar de las personas y el entorno urbano. «Por ello planteamos que resulta incomprensible que familias enteras y personas mayores tengan que pasar otro verano más soportando olores insoportables, insectos y la imposibilidad de abrir las ventanas de sus viviendas con normalidad. Motril merece mucho más que campañas de imagen y fotografías institucionales. Merece una gestión seria, transparente y cercana. Merece un gobierno que escuche a sus vecinos, responda a sus problemas y tome decisiones basadas en criterios objetivos y no en la improvisación», manifiestan.
Los vecinos afectados, cansados de soportar malos olores, insectos, suciedad y unas condiciones incompatibles con una convivencia digna, se han visto obligados a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz. La respuesta recibida es tan preocupante como reveladora: tras más de un año de reclamaciones, el Ayuntamiento sigue sin responder a los ciudadanos ni al Defensor del Pueblo.
«Desde Centrados en Motril consideramos que este asunto ya no es únicamente una cuestión relacionada con la ubicación de unos contenedores. Estamos ante un problema de salud pública, de justicia social y de respeto a los derechos de los ciudadanos. Queremos saber si existe un informe técnico que avale esta decisión, y además preguntamos, ¿con qué criterios se ha adoptado esta medida?. Los vecinos
tienen derecho a saber quién tomó esta decisión, qué informes la respaldan y por qué se retiraron los contenedores de una ubicación donde no causaban perjuicios directos para trasladarlos a otra donde sí generan molestias evidentes», indican.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la gestión de residuos debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y minimizando las molestias derivadas de olores, ruidos o cualquier otro impacto negativo sobre la población, subraya la formación, y añade «asimismo, la Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y en su artículo 45 el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Del mismo modo, la propia Ordenanza Municipal de Limpieza recoge la obligación de gestionar los residuos evitando perjuicios para la salud, el bienestar de las personas y el entorno urbano».
«Por ello planteamos que resulta incomprensible que familias enteras y personas mayores tengan que pasar otro verano más soportando olores insoportables, insectos y la imposibilidad de abrir las ventanas de sus viviendas con normalidad», concluyen.
