CCOO denuncia que la concesionaria de transporte sanitario (ambulancias) de Granada emplea estos vehículos para servicios privados mientras pacientes esperan horas a ser atendidos

EL FARO

«La consecuencia directa son ambulancias que no aparecen cuando se las necesita y pacientes que esperan horas a ser trasladados»

Las irregularidades han sido puestas en conocimiento de la Delegación de Salud (Gabinete)

La sección sindical de CCOO en el sector de Transporte Sanitario de Granada denuncia la utilización de Ambulancias -procedentes de la licitación del servicio de transporte público sanitario de la provincia- para la realización de traslados y servicios de carácter privado, ajenos al SAS, hecho que perjudica al servicio que se le da a los y las pacientes usuarios/as de la sanidad pública. La consecuencia directa son ambulancias que no aparecen cuando se las necesita y pacientes que esperan horas a ser trasladados, señalan.

Concretamente, la Sección Sindical de CCOO ha puesto en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud y de la Delegación de Salud de Granada, mediante un detallado informe, este conjunto de irregularidades reiteradas en la prestación del servicio público de transporte sanitario de la provincia, adjudicado a UTE TSI Granada. Entre los hechos denunciados, destaca la presunta utilización de ambulancias financiadas con fondos públicos para realizar servicios privados de la propia empresa, mientras pacientes del sistema sanitario público estarían sufriendo esperas prolongadas,  traslados urgentes con un solo técnico y rutas excesivas. Según las irregularidades trasladadas a la Administración, la empresa adjudicataria estaría empleando vehículos del contrato público -financiados íntegramente con dinero de la Junta de Andalucía- para la realización de traslados y servicios privados ajenos al SAS.

El resultado, denuncia el comité de empresa, es que recursos pagados con fondos públicos se desvían hacia actividades con fines comerciales. Esa retirada de recursos repercute directamente en la ciudadanía: ambulancias que no aparecen cuando se las necesita, pacientes que esperan horas a ser trasladados o atendidos, y zonas que se quedan sin cobertura efectiva durante esos tiempos.

A esa situación, asegura CCOO, se suman otras deficiencias graves en la prestación del servicio como: ambulancias urgentes que estarían funcionando con un solo técnico cuando la normativa exige dos. Pacientes que permanecen horas dentro de los vehículos por rutas excesivamente largas. Esperas prolongadas de pacientes vulnerables. Transferencias de pacientes realizadas en plena vía pública. O  el traslado en un mismo trayecto de pacientes infecciosos con pacientes frágiles o inmunodeprimidos, situaciones del todo inaceptables, señala el comité de empresa.

Además, CCOO denuncia que este servicio público se está llevando a cabo con déficit estructural de personal: el pliego de la licitación contempla la presencia diaria de 102 técnicos, pero el número real disponible se sitúa  muy por debajo de esa cifra, y recuerda el sindicato que  cuando un técnico encadena turnos sin descansos  reglamentarios, el riesgo de incidencia asistencial sobre el paciente aumenta de forma significativa.

Todo ello ocurre en un contrato público que ha pasado de 64 a casi 84 millones de euros. Estamos ante una adjudicación que no para de crecer en dinero público mientras el servicio que reciben los y las pacientes y las condiciones de quienes lo prestan se deterioran.  Por este motivo, el sindicato reclama al SAS y a la Consejería de Salud la apertura inmediata de una auditoría sobre la ejecución del contrato de transporte sanitario, la activación de los mecanismos de control e inspección, la denegación de la prórroga del contrato actual y el inicio de una nueva licitación con pliegos actualizados a la realidad de Granada en 2026.

Por último, CCOO reitera que se trata de un hecho especialmente grave que la Administración andaluza ya tenga conocimiento formal de estos hechos y que, pese a ello, la situación continúe sin medidas visibles de corrección.  «Lo que está en juego no es un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Lo que está en juego es la seguridad de los pacientes y el uso responsable del dinero público», concluye CCOO.

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