EL CRIMEN DE LA FÁBRICA BURGOS EN 1889
La noticia corrió como la pólvora por Motril aquella mañana del martes 26 de febrero de 1889, un guarda de la fábrica azucarera propiedad de la sociedad “Burgos, Domínguez y García” había encontrado junto a una puerta de la cerca del lado de poniente que daba a la chimenea, el cadáver de Francisco Urquizar Villarroel de 30 años de edad y tenedor de libros de la citada industria.
Avisada la policía, se personaron en el lugar de los hechos el juez de Instrucción, el jefe de Orden Público, el médico José Pérez Santiago, agentes de la autoridad y una multitud de curiosos. El cadáver se encontraba tendido boca arriba con los pies apoyados en la pared, perfectamente vestido y envuelto parcialmente en una capa con vueltas de terciopelo rojo. Tenía un golpe y una herida de arma de fuego en la sien izquierda de la cabeza y en el cuello, pecho y manos extensas manchas cárdenas. A la derecha del cuerpo se encontró una botella con algo de aguardiente y un poco más arriba el sombrero hongo que Urquizar usaba. En el lado izquierdo una pistola tipo Lafuse de dos cañones que tenía disparado un tiro con el cañón izquierdo y amartillado el percutor del derecho. El cuerpo se encontraba en el comienzo de la putrefacción y entre las ropas se encontró un carta doblada, escrita a lápiz y dirigida al juez que decía “Me suicido a mi mismo”. Todo hacía pensar, por lo tanto, en un evidente suicidio, ordenándose el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio para realizar la autopsia y determinar definitivamente la causa de la muerte.
El suceso causó una profundo asombro y aflicción entre los motrileños, pues el joven fallecido era muy conocido y estimado y nadie se explicaba porque había cometido semejante disparate, ya que las cosas parecían irle bastante bien y estaba próximo a casarse con María López, hija de propietario de la Fonda del Mar de Calahonda.
La autopsia fue realizada por los médicos José Trujillo y Francisco Díaz Domínguez y ante las sorpresa de todos, concluyeron que Urquizar llevaba muerto entre cuatro y seis días y que la muerte se había producido por estragulación y no por el tiro en la cabeza que había sido efectuado después de la muerte. Por lo tanto, no se trataba de un caso de suicidio sino de un claro hecho de asesinato.
La actuación del juez de la ciudad no se hizo esperar y ordenó la detención de muchos de los trabajadores de la fábrica, del administrador Enrique Zúñiga Montoro, del guarda Cristobal Molina y del fotógrafo granadino José Camino Vaca, amigo íntimo del administrador y que, por aquellas fechas, se encontraba visitando a este en Motril.
Tras las declaraciones de los detenidos se pudieron reconstruir los últimos días de Urquizar. Parecía que no tenían una buena relación el adminitrador de la fábrica y el fallecido, ya que este había pedido un anticipo del 500 pesetas a cuenta de su sueldo y Zúñiga le estaba descontando mensualmente una cantidad excesiva para el salario que ganaba como tenedor de libros. Además, Zúñiga, pensaba que Urquizar lo que quería era quedarse con su puesto.
Urquizar, ante lo que creía un abuso, decidió ir a Granada el 17 de febrero para ver a los dueños de la fábrica y tratar de remediar su situación. Volvió a Motril el día 18 bastante satisfecho y sobre las 11 de la mañana fue a ver a su novia que vivía cerca de la casa de la Palma, comentándole lo bien que lo habían atendido e incluso le dijo que Pedro Domínguez, uno de los socios de la azucarera, le había subido el sueldo.
Seguidamente se dirigió a la fábrica donde tuvo un largo altercado con el administrador que le reprochó que hubiese ido a ver a los propietarios sin su consentimiento, ya que él era su jefe inmediato. El enfrentamiento con Zúñiga se inició en su despacho donde estaban presentes, además, el fotógrafo y el ingeniero mecánico León Evangelista y prosiguió fuera, en la zona de la instalación fabril llamada de las “Alberquillas” y, según el jardinero Luis Vilchez, el administrador lo amenazó con un revólver y a continuación lo despidió del trabajo.
A las cinco de la tarde Urquizar se encontró con un pariente, Enrique Ortega Villarroel, al que refirió su desavenencia con Zúñiga, pero le dijo que al final habían quedado bien. Luego fue a la taberna de Pedro López García en la plaza de la Herradora, donde compró una botella de aguardiente. Sobre las seis de la tarde se encaminó de nuevo a la azucarera donde tenía pensado comer con el citado León Evangelista, viéndole algunas personas llegar a la puerta de entrada. A partir de esa hora y hasta el día 26 que se halló su cadáver, nada se supo del tenedor de libros.
El juez dejó en libertad a todos los detenidos excepto a Zúñiga, al guarda Molina, guardaespaldas del adminitrador y zurdo, y al fotógrafo Camino que fueron acusados, los dos primeros de ser los asesinos de Urquizar y a Camino como encubridor, pidiendo el fiscal para Zúñiga y Molina pena de muerte por asesinato con alevosía y para el fotógrafo catorce años, ocho meses y un día de prisión mayor por complicidad.
A partir de aquí se inicia un proceso que se hizo célebre en todo el país y que fue recogido con minuciosidad por la prensa provincial, especialmente por el diario “El Defensor de Granada”. El juicio con jurados se celebró en la Audiencia de Albuñol, para evitar alteraciones de orden público en Motril, entre el 27 de mayo y el 6 de junio de 1890. La acusación particular la ejerció el letrado motrileño Antonio Díaz Domínguez. La defensa de Zúñiga estuvo encomendada al abogado José Espinosa Bustos y la de Camino y Molina a Antonio Peñafiel Calderón.
Fue un juicio muy curioso en el que intervinieron más de 70 testigos y donde muchos de ellos se desdijeron y contradijeron de sus primeras manifestaciones culpatorias a los acusados, declarando en la vista que las contradicciones con sus declaraciones iniciales se debían a que fueron presionados en contra de los acusados por el juez instructor de Motril que llevó inicialmente el caso. Incluso el propio fiscal, ante las declaraciones de los testigos y del perito forense, doctor Godoy, que afirmó que era casi seguro que Urquizar se había suicidado, que el golpe de la cabeza se lo había producido al caer tras el disparo, que las manchas cárdenas eran solo livideces cadavéricas y que no se habían encontrado huellas humanas, excepto las del propio suicida, en las proximidades donde se había encontrado el cuerpo; desestimó la acusación inicial contra los procesados, apreciando que no existían las suficientes pruebas acusatorias y, por lo tanto, solicitaba al tribunal la libre absolución de los acusados.
Pero la magistral actuación del abogado de la acusación privada, Díaz Dominguez, pudo convencer al jurado de la culpabilidad de Zúñiga y Molina y de la complicidad de Camino, consiguiendo demostrar las contradicciones de los testigos, incluso afirmando que algunos de ellos estaban sobornados. Afirmaba que el único enemigo de Urquizar era Zúñiga y que no era posible que sí se suicidó el día 18 de febrero, nadie, de la multitud de personas que pasaron por el lugar, no viesen el cadáver, con lo cual entre los días 18 y 26, Urquizar, debió estar retenido en algún lugar de la fábrica y que los guardas de Consumos oyeron un disparo proveniente de la azucarera en la noche del 23. En su alegato final, el letrado afirmaba que Urquizar, cuando volvió a la fábrica Burgos sobre las 6 de la tarde, fue detenido por el guarda Cristobal Molina y encerrado en alguna habitación de las instalaciones, donde fue apaleado y estrangulado hasta la muerte por orden de Zúñiga y con el fin de simular un suicidio se le dio un tiro en la cabeza y llevado posteriormente, en la noche de 25 al 26 de febrero, al lugar de la tapia de la industria donde fue encontrado y próximo a una puerta falsa, para aparentar así que por ella es por la que entró el supuesto suicida y no por la puerta principal de la instalación fabril. Todo ello fue planeado escrupulosamente por el administrador y sus compinches para evitar que fuesen acusados de asesinato. El abogado consiguió persuadir a los doce miembros del jurado de la veracidad de su planteamiento sobre el asesinato de Urquizar. A final el jurado emitió su veredicto, desestimando la teoría del suicidio y declarando culpables a los acusados, siendo condenados Zúñiga y Molina a cadena perpetua y Camino a 10 años de cárcel.
Terminaba por el momento, ya que los condenados presentarían posteriormente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el célebre juicio sobre el no menos famoso crimen de la fábrica Burgos que tantas noticias generó en la prensa de la época y tantos comentarios suscitó en una pequeña ciudad como el Motril de estos años de la última década del siglo XIX, donde la violencia era de una cotidianidad hoy impensable.
