Opinión.-
Zona de Bajas Emisiones sí, pero no así
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para dentro de tres semanas y que ahora de ha pospuesto hasta el mes de octubre, se ha convertido en un tema de fuerte controversia política y social.
Las particularidades de Granada, centro de una extensa área metropolitana que supera su población y número de vehículos, complica extraordinariamente una medida de limitación de movilidad para los más contaminantes, toda vez que la proximidad de esos núcleos de población, hace que sean infinidad los trayectos diarios entre los mismos y la capital.
La medida impulsada por la Unión Europea para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la ciudad, está siendo objeto de críticas, no solo por su impacto en la movilidad de miles de ciudadanos, sino por la aparente contradicción que encierra su aplicación, ya que tal y como está concebida, los vehículos contaminantes del área metropolitana no pueden acceder a Granada, pero los mismos coches contaminantes que ya están registrados en la ciudad sí pueden circular libremente por ella.
Las ZBE son una exigencia de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer restricciones de tráfico para reducir la polución. En el caso de Granada, una de las ciudades que presenta mayores niveles de contaminación de España, la medida fue aprobada por el Ayuntamiento con el objetivo de rebajar los mismos ya que en varias ocasiones han superado los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, su aplicación ha generado una enorme polémica debido a la falta de coherencia en su diseño.
Mientras que los vehículos contaminantes empadronados en Granada pueden seguir circulando dentro de la ciudad, aquellos de municipios vecinos con las mismas características tienen prohibida la entrada. Esto ha despertado la indignación de muchos ciudadanos del área metropolitana, que se sienten discriminados por una norma que, en teoría, busca el bien común.
La ZBE de Granada ha provocado un fuerte debate entre los partidos políticos de la provincia. En un hecho llamativo, solo los ayuntamientos gobernados por el PSOE en el área metropolitana han recurrido la medida, mientras que otros municipios con alcaldías del Partido Popular han optado por aceptar las restricciones o buscar soluciones “imaginativas”.
Uno de los casos más llamativos es el de Pulianas, donde el Partido Popular ha instado a los ciudadanos a comprar un coche eléctrico en lugar de oponerse frontalmente a la norma que va a prohibir a los vehículos de sus ciudadanos acceder a la vecina capital. Esta postura ha sido interpretada por algunos sectores como una aceptación implícita de la medida, mientras que otros la ven como una solución poco realista para muchas familias que no pueden permitirse el coste de un vehículo nuevo.
Por otro lado, desde el sector socialista se argumenta que la normativa impuesta por el Ayuntamiento de Granada castiga injustamente a los trabajadores del área metropolitana que dependen del coche para desplazarse a la capital. El recurso presentado por estos municipios busca modificar la ZBE para que sea más equitativa y tenga en cuenta la realidad del transporte en la provincia.
Más allá de la batalla política, la ZBE de Granada ha reavivado el debate sobre la desigualdad en el acceso a la movilidad. La medida, tal como está diseñada, penaliza especialmente a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, quienes suelen ser los que poseen vehículos más antiguos y contaminantes. Mientras que aquellos que residen en la capital pueden seguir utilizando sus coches sin restricciones, los habitantes de municipios periféricos se ven obligados a buscar alternativas de transporte, muchas veces insuficientes o ineficientes.
Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿es justo que una medida medioambiental termine afectando más a unos ciudadanos que a otros en función de su lugar de residencia? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que el diseño actual de la ZBE parece favorecer a los granadinos capitalinos en detrimento de los vecinos del área metropolitana.
Si bien la reducción de emisiones es una necesidad innegable, las críticas a la ZBE de Granada han puesto sobre la mesa la necesidad de buscar soluciones más equilibradas que pasarían por la unificación de criterios que por ejemplo, permitieran que todos los vehículos con el mismo nivel de emisiones sean tratados de igual manera, independientemente de su lugar de matriculación.
Fundamental el refuerzo del transporte público, mejorando la frecuencia y conectividad de los autobuses y el metro para que los ciudadanos del área metropolitana tengan opciones reales y eficientes de movilidad sostenible, así como habilitar incentivos para la renovación del parque automovilístico que en lugar de penalizar a quienes tienen coches antiguos, ofrezcan ayudas reales para la compra de vehículos menos contaminantes y por supuesto, una fase de adaptación más amplia, dando más tiempo a los ciudadanos para adaptarse a la norma, especialmente en un contexto de crisis económica.
Conclusión, la ZBE de Granada responde a una necesidad real y urgente como es la reducción de la contaminación en la ciudad. Sin embargo, su aplicación ha generado un escenario de desigualdad y controversia que pone en cuestión su efectividad y justicia. La paradoja de que los coches contaminantes de Granada puedan circular mientras que los del área metropolitana no, evidencia una falta de coherencia que debe ser corregida para que la medida sea aceptada por la ciudadanía en su conjunto.
La solución no pasa por eliminar la ZBE, sino por modificarla para que sea más equitativa, eficaz y adaptada a la realidad socioeconómica de Granada y su área metropolitana. Sin estos ajustes, la medida corre el riesgo de convertirse en un nuevo motivo de división política y social, en lugar de ser un paso adelante en la lucha contra la contaminación.
