La vivienda en alerta roja
Ni la Junta de Andalucía, ni la ministra de Vivienda han tenido sus mejores días en la última semana. Ambas a vueltas con la vivienda, problema número uno de este país, por más que la fachosfera patria se empeñe en hacernos creer por tierra, mar, aire y CIS, que lo que de verdad nos quita el sueño es la inmigración.
Sin sonrojarse por la “boutade”, el gobierno de Moreno Bonilla ha afirmado que es la ocupación ilegal y no los pisos turísticos, el motivo que provoca la escasa oferta de alquiler de viviendas en Andalucía. No deja de ser llamativo que el problema de la ocupación ilegal de viviendas, que el año pasado cayó al número más bajo de denuncias del último lustro según datos del ministerio del Interior, suponiendo la escalofriante cifra del 0,06% del total, pueda provocar un problema que esta hipotecando el futuro a toda una generación.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, tampoco es que tuviera el martes su mejor día, cuando en una entrevista radiofónica, imploró al altruismo y la generosidad de los arrendatarios, para moderar el precio de los alquileres en España, dando una imagen de impotencia e incapacidad, impropias de quien tiene nada menos que al BOE, como brazo armado
Aunque a la luz de los hechos pueda resultar poco creíble, el derecho a la vivienda, sigue siendo uno de los recogidos en esa Constitución que para algunos es el sancta sanctórum de toda su actuación, salvo a la hora de exigirlos para la infantería ciudadana.
Es verdad que tradicionalmente Granada, ha sido la tierra más conservadora de Andalucía y eso se traduce en que atesore más viviendas por habitante que ninguna otra provincia de nuestra comunidad, con 588 por cada mil habitantes y que solo la capital cuenta con 12.000 viviendas vacías.
Junto a su indudable atractivo, con la consiguiente proliferación de viviendas turísticas y una abundante población universitaria foránea, la presión sobre el mercado de alquiler se está convirtiendo en poco menos que insoportable, sobre todo para los más jóvenes.
Según los datos del informe anual sobre la situación laboral de los jóvenes, elaborado por CCOO, los jóvenes de Granada tienen que destinar el 122% de su sueldo para el alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados. «Los bajos salarios y la precariedad laboral -añade ese informe- afectan especialmente a los jóvenes granadinos que ven cada vez más difícil el acceso a una vivienda y, por lo tanto, la posibilidad de emanciparse del hogar familiar».
Si tenemos en cuenta que lo recomendado es dedicar hasta un tercio del salario para poder afrontar el resto de gastos de un hogar, los jóvenes de Granada tienen que destinar cuatro veces más de esa recomendación para el alquiler de una vivienda de 90 metros, una situación que es «especialmente grave» en la capital, donde el porcentaje del salario que estos jóvenes deben destinar para el alquiler, aún es mayor y supera el 133% de sus ingresos mensuales.
Con estos escalofriantes datos solo 13 de cada 100 personas andaluzas menores de 25 años han podido emanciparse durante el año pasado, siendo la cifra más baja de la serie histórica, ya que cuando casi nueve de cada diez tienen que destinar más dinero del que ganan a pagar el alquiler, es sencillamente imposible.
Recordemos que en Granada el salario bruto mensual de una persona joven, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, ronda los 700 euros mensuales, por lo que son precisamente estos bajos salarios, una de las causas por las que a los jóvenes se les pone imposible el acceso a una vivienda, a lo que hay que sumar el aumento en el precio del alquiler provocado por la especulación.
Añadan además que Granada es la tercera provincia andaluza con mayor tasa de paro entre la población menor de 35 años, donde, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cuatro jóvenes está en situación de desempleo y tendrán el cóctel perfecto de una situación explosiva que sin duda acabaremos pagando como sociedad, más pronto que tarde.
Convendrán conmigo que a la luz de estos datos, el acceso a una vivienda en Granada para los más jóvenes, se ha convertido en un problema social de primer orden, hasta el punto de que, «es más factible hipotecarse que acceder a un alquiler» en la provincia.
Según las últimas cifras del Eurostat, en España, el 83,2% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven con sus padres. La edad media de emancipación se sitúa en los 29,8 años, una cifra que sitúa a nuestro país en el vagón de cola y tres puntos por encima de la media de 26,5 años de la Unión Europea.
Desde 2008, el porcentaje de adultos de entre 30 y 44 años con vivienda en propiedad ha caído 17 puntos. Si en el pico de la burbuja casi tres de cada cuatro poseían una casa, ahora es poco más de la mitad. El desplome entre los más jóvenes, todavía resulta más significativo: 24 puntos, hasta rebasar por poco la barrera del 30%.
Se completa, así, el círculo vicioso, que ha abierto una brecha intergeneracional sin precedentes en la riqueza de los hogares españoles. Si en 2008 un menor de 35 años tenía, de media, un patrimonio inmobiliario valorado en unos 153.000 euros, ahora este no llega a los 50.000, tres veces menos, según la Encuesta financiera de las familias.
Que el 83,2% de los jóvenes españoles vivan con sus padres es sencillamente demoledor y debería ser razón más que suficiente para que tanto la Junta, como la ministra se dejaran de declaraciones “imaginativas” y se pusieran manos a la obra de una vez por todas.
