José Manuel González/EL FARO
Además de reclamar el cobro de sus nóminas, han explicado que los niños/as están «sin aire acondicionado, sin rutinas estables y afectados por la situación de incertidumbre y malestar que atraviesan sus maestras»
Hoy viernes, a las 11:00 de la mañana, se ha llevado a cabo una concentración a las puertas de la guardería Rosa López Cervantes de Motril, con el objetivo de dar visibilidad a la grave situación que están viviendo los niños y niñas del centro, argumentan las madres y padres de los pequeños, pidiendo soluciones al Ayuntamiento de Motril, después de haber «aprobado el inicio del expediente para el secuestro de la concesión y la resolución del contrato con la empresa concesionaria del servicio», pero tras meses de espera «no ven una solución».
«Actualmente, los menores se encuentran en unas condiciones preocupantes: sin aire acondicionado, sin rutinas estables y afectados por la situación de incertidumbre y malestar que atraviesan sus maestras» han indicado a este diario.
Las educadoras llevan 5 meses sin cobrar ni un solo euro, «una situación insostenible que ya ha tenido consecuencias graves en su salud, hasta el punto de que varias de ellas han tenido que acudir a urgencias debido al deterioro físico y emocional sufrido».
Por todo ello, han señalado las afectadas, «necesitamos el apoyo de la ciudadanía, y, que nos acompañen para dar voz a esta situación, por el bienestar de nuestros niños y niñas y por las 6 maestras que llevan meses sosteniendo el centro en circunstancias muy difíciles».
Las familias y maestras afectadas han agradecido el apoyo recibido «vuestra presencia es importante. Juntos podemos hacer que esta situación se escuche y no quede en el olvido», han concluido.
Tras la concentración, han emitido un comunicado público que les trasladamos íntegramente:
Las familias cuyos hijos e hijas asisten a la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes de Motril hacemos público este comunicado porque llevamos más de dos meses esperando respuestas y una solución a la situación del centro que afecta a nuestros hijos e hijas y es ya, insostenible.
Cómo empezó todo
Antes incluso de recibir ninguna comunicación oficial, las familias de este centro tuvimos conocimiento de que las educadoras llevaban meses sin cobrar sus nóminas. No lo supimos por el ayuntamiento ni por la empresa: lo supimos porque nos preocupamos por ellas, porque son las personas que cuidan a nuestros hijos cada día, y porque lo que les estaba ocurriendo era una injusticia que no podíamos ignorar. Cuando pedimos explicaciones a la dirección del centro, la respuesta fue que el Ayuntamiento de Motril no estaba pagando a la empresa lo que le correspondía. Las familias nos encontramos así, desde el principio, atrapadas entre dos partes que se señalaban mutuamente, mientras nuestros hijos seguían yendo al centro cada mañana sin que nadie nos dijera qué estaba pasando realmente ni cuándo iba a resolverse.
El 27 de marzo, la empresa concesionaria Servicios Educativos BúhoSabio nos envió un comunicado a través de iPasen confirmando esa versión: anunciaba que había solicitado al Ayuntamiento de Motril la rescisión de su contrato, argumentando una situación de asfixia económica achacada al consistorio. A partir de ese momento, la crisis dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad oficial. Pero las explicaciones siguieron sin llegar.
El 30 de abril, el Pleno Municipal celebró una sesión extraordinaria urgente y aprobó por unanimidad el inicio del procedimiento de secuestro de la gestión del centro. La concejala de Educación pidió públicamente tranquilidad a las familias y anunció que en los próximos días recibiríamos información detallada. Han pasado cuarenta y un días. Seguimos esperando.
Una escuela con dos administraciones responsables
La Escuela Infantil Rosa López Cervantes es un centro concertado con la Junta de Andalucía. Esto significa que la administración autonómica no es una espectadora ajena a lo que ocurre aquí: el proyecto educativo del centro es competencia de la Junta, y nos preguntamos si esa competencia no lleva aparejada alguna obligación de seguimiento y supervisión sobre su cumplimiento real en las aulas. En todo este tiempo, la Junta de Andalucía no se ha personado de ninguna forma en este conflicto ni ha dado señal alguna de que le preocupe lo que está ocurriendo en este centro. Las familias no podemos afirmar con certeza dónde acaba exactamente su responsabilidad administrativa, pero sí podemos decir que su silencio resulta llamativo, y que esperamos que una situación de esta gravedad merezca, al menos, algún tipo de pronunciamiento por su parte.
Lo que estamos viendo
Desde que el Ayuntamiento inició el procedimiento de secuestro, entendemos que su obligación es ejercer un control y vigilancia efectivos sobre la prestación del servicio para garantizar que se desarrolla en condiciones óptimas. Eso no está ocurriendo. Esto es lo que las familias estamos comprobando cada día:
- El menú del comedor no se publica. No sabemos qué comen nuestros hijos.
- Las rutinas habituales han desaparecido. No existe un programa diario de actividades educativas.
- Algunos días se mezclan aulas de distintas edades por falta de personal suficiente.
- Se producen episodios cotidianos en los que los niños regresan a casa con golpes o mordiscos sin que sus familias reciban ninguna explicación de lo ocurrido.
- Una familia se ha visto obligada a interponer una denuncia ante la Policía por un episodio de posible maltrato a un menor en el interior del centro.
- Las propias trabajadoras del centro nos trasladan que, a día de hoy, siguen sin cobrar sus salarios. El problema que originó esta crisis no se ha resuelto para las personas que cada día entran a trabajar con nuestros hijos.
Estamos hablando de niños de entre cero y tres años. De la etapa más vulnerable de su desarrollo. De un servicio público esencial para muchas familias trabajadoras de esta ciudad.
Lo que exigimos
Entendemos que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un expediente administrativo complejo. No lo ignoramos. Pero llevar más de un mes sin ofrecer a las familias ninguna información oficial, sin ejercer una vigilancia efectiva sobre el servicio, mientras se producen episodios que han obligado a una familia a acudir a la policía, no es gestión: es abandono.
Por todo ello, la Plataforma de Familias de la Escuela Infantil Rosa López Cervantes exige:
- Una reunión urgente con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en un plazo máximo de diez días.
- Información clara y por escrito sobre el estado del expediente y los plazos previstos para su resolución definitiva.
- La adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad, la atención adecuada y el bienestar de los menores mientras dure el proceso.
- Garantías sobre la continuidad del servicio y la disponibilidad de plazas para el próximo curso escolar.
- Que la Junta de Andalucía ejerza sus competencias en materia educativa y se persone formalmente en este conflicto para exigir responsabilidades y velar por la calidad del proyecto educativo del centro.
Nuestros hijos no pueden seguir pagando las consecuencias de una crisis que ellos no han generado. El Ayuntamiento de Motril y la Junta de Andalucía tienen la obligación de dar la cara ante las familias de este centro. Llevamos esperando demasiado tiempo.
*Plataforma de Familias de la Escuela Infantil Rosa López Cervantes de Motril
Motril, 12 de junio de 2026
