EL FARO
Ruiz Joya considera que la modificación planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez “es un auténtico atropello al litoral andaluz” y alerta de sus consecuencias para los chiringuitos, el empleo y la economía de la Costa Tropical
El presidente del Partido Popular de Almuñécar y alcalde del municipio, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que el Ayuntamiento sexitano llevará al próximo pleno una moción para solicitar al Gobierno de España que retire la modificación del reglamento de Costas impulsada por el Ejecutivo central, al considerar que supone “un auténtico atropello” para el litoral andaluz y, especialmente, para municipios turísticos como Almuñécar y La Herradura.
Ruiz Joya ha mostrado su rechazo frontal a esta reforma, asegurando que “va contra la generación de empleo, contra la riqueza y contra una cosa fundamental como son los establecimientos tradicionales que existen en municipios turísticos, como los chiringuitos”.
Asimismo, el dirigente popular ha defendido el peso económico y social del sector hostelero vinculado a las playas andaluzas, subrayando que “no entendemos cómo el Gobierno de España se mete con un sector productivo tan importante de Andalucía, que mantiene a miles y miles de familias y da empleo a miles de trabajadores”.
En este sentido, ha avanzado que el PP de Almuñécar respaldará todas las iniciativas que impulse la Junta de Andalucía para frenar esta modificación normativa y ha anunciado que el Ayuntamiento informará también a la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical y a los concesionarios de playas sobre el alcance de esta medida.
“Vamos a hacer toda la presión que sea necesaria” -ha señalado Ruiz Joya-, insistiendo en que el nuevo reglamento “va contra uno de los sectores más productivos y contra una de las tradiciones más importantes de Andalucía como son nuestros chiringuitos”.
La reacción del PP de Almuñécar se produce después de que la Junta de Andalucía reclamara al Gobierno central la retirada inmediata del borrador del nuevo reglamento de Costas, al entender que invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica para actividades económicas ligadas al litoral.
Desde el Ejecutivo andaluz se ha advertido, además, de que la propuesta afecta especialmente a otros sectores tradicionales como las actividades náuticas o los establecimientos vinculados al turismo costero, poniendo en riesgo inversiones, empleo y la estabilidad de numerosas concesiones en el litoral andaluz.
