EL FARO
Ruiz Joya califica de «traición a la clase trabajadora» el bloqueo judicial interpuesto por la Subdelegación del Gobierno contra la subida por competencias digitales. La justicia, a instancias del Ejecutivo Central, suspende cautelarmente el acuerdo municipal que modernizaba la plantilla y mejoraba las retribuciones de los empleados públicos
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha denunciado el «ataque sin precedentes» que el Gobierno de España ha perpetrado contra los derechos de los empleados municipales de la localidad. Tras la notificación recibida a última hora de este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Granada, se confirma que la Subdelegación del Gobierno en Granada ha logrado paralizar judicialmente la subida salarial que el Ayuntamiento había aprobado para reconocer las competencias digitales de su plantilla.
El «sectarismo» de la Subdelegación frente al bolsillo de los trabajadores
El acuerdo, aprobado en el Pleno del 27 de marzo de 2025, modificaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incentivar la modernización tecnológica de la administración local. Sin embargo, la Abogacía del Estado, siguiendo instrucciones políticas, impugnó la medida alegando supuestos incumplimientos de los porcentajes retributivos fijados en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado.
Para Ruiz Joya, este movimiento es una muestra de «hipocresía política máxima», y asegura que «mientras el Partido Socialista se llena la boca hablando de digitalización y justicia social en sus mítines, envía a sus abogados a los juzgados para quitarle el dinero del bolsillo a los trabajadores de Almuñécar. Es indignante que un gobierno que dice ser ‘de la gente’ dedique sus recursos a perseguir una mejora salarial justa»- ha aseverado el regidor.
Una derrota para el municipalismo y el progreso
El Auto Nº 199/2025, firmado por el magistrado José Pérez Gómez el pasado 22 de diciembre, impone además las costas de este proceso al Ayuntamiento, limitándolas a 300 euros en concepto de letrado. El tribunal argumenta que la administración municipal no formuló oposición a la medida cautelar en el plazo legal, basando su decisión en la prevalencia del interés general del Estado sobre el local.
Puntos clave del ataque del Gobierno Central:
Según expresa Ruiz Joya, el Gobierno central impone un «bloqueo a la modernización, ya que se castiga el esfuerzo de los trabajadores por adaptarse a la era digital»; lleva a cabo un «intervencionismo asfixiante, puesto que la Subdelegación ignora la autonomía municipal para gestionar sus propios recursos en beneficio de sus empleados»: y promulga un «doble discurso socialista, anunciando fondos europeos para digitalización mientras se prohíbe por vía judicial que esa mejora llegue a quienes prestan el servicio al ciudadano».
Para concluir, Juan José Ruiz Joya ha anunciado que el Ayuntamiento “no se quedará de brazos cruzados, no vamos a permitir que el castigo político de Sánchez a los municipios que no se pliegan a sus deseos lo paguen las familias de nuestros trabajadores».
En este sentido, el consistorio dispone de un plazo de quince días para interponer recurso de apelación, una vía que el alcalde ya estudia para revertir este «atropello judicial y político».
