🖊Cartas al director.-
DOCE MILLONES QUE SIMBOLIZAN EL ABUSO, EL ENGAÑO Y LA POSIBLE ESTAFA
A todos los comuneros y comuneras:
Como sabéis, el pasado 24 de septiembre de 2025 se celebró, en el Centro de Desarrollo Turístico, una Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril.
En ella se aprobó un proyecto de modernización del regadío con un presupuesto total de 36.334.135,14 €, comprometiendo préstamos y ayudas públicas que condicionarán el futuro de todos nosotros. En concreto, la Junta de Andalucía tiene proyectado hacer frente al 50% del presupuesto de estas obras en forma de ayuda no reembolsable. Hay que tener en cuenta que este proyecto no integra la totalidad de las fincas que de esta Comunidad de Regantes forman parte, sino que el área a modernizar es tan solo una parte de ellas, tal como se observa en la imagen.
Conviene no olvidar que ese 50% del presupuesto procederá en su mayor parte de fondos europeos —principalmente del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y del programa Next Generation— gestionados por la Junta de Andalucía. Esto no es un detalle menor porque se trata de dinero público sujeto a normas estrictas de control, transparencia y fiscalización. Se conceden bajo unas bases muy concretas. Si se incumplen, por ejemplo; falseando datos, aprobando acuerdos nulos o inflando precios, dejan de ser a fondo perdido y la Administración puede reclamar su devolución con intereses y sanciones. Hablamos, por tanto, de una posible responsabilidad administrativa, económica y penal, no solo para quienes aprueban, sino también para quienes ejecutan o permiten la aprobación sin control.
Yo, Dolores Collantes Jiménez, comunera como una más de vosotros, también estuve allí, en esta Junta. Y no me quedé callada. Denuncié en voz alta y ante unas ciento cincuenta personas que esta convocatoria no cumplía los requisitos mínimos exigidos por la ley, y por este incuestionable motivo impugné el acto a viva voz y también dije que los precios del presupuesto de la proyectada obra de modernización del regadío de la Vega de Motril están inflados. Lo dije ante todos, incluyendo al Subdirector General de Medios de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, representante de la Junta de Andalucía, que estuvo presente en el acto. Sin embargo, cuando este señor se dio cuenta de que lo estaban utilizando para darle legitimidad a esta Junta, abandonó la sala justo en el momento en que el presidente anunció el inicio de la votación, a sabiendas de que la Junta General Extraordinaria ya había sido impugnada por mí. Aun así, decidieron seguir adelante con la votación ignorando deliberadamente lo ocurrido. Una decisión tan temeraria como reveladora.
¿Qué ha pasado y por qué debe preocuparnos a todos?
- Convocatoria nula de pleno derecho: La Junta General Extraordinaria del pasado 24 de septiembre de 2025, fue convocada por WhatsApp, emails, radio, carta ordinaria y publicación en el BOP, pero no se enviaron cartas certificadas con acuse de recibo a los comuneros, como exige el artículo 46 del Reglamento y la Ley de Aguas (arts. 82 y 83). Este incumplimiento no es un mero defecto de forma: constituye una infracción sustancial del derecho de participación y del principio de seguridad jurídica, que vicia de nulidad absoluta todo el proceso y sus acuerdos, al haber sido celebrado sin las garantías mínimas de convocatoria. Y por estos incumplimientos impugné el acto.
- Inflado de más de 12 millones de euros: En la anterior Junta General Extraordinaria, celebrada el 28 de junio de 2021 en el Recinto Ferial del Cortijo del Conde, a la que asistí y también intervine, este mismo proyecto se presentó con un presupuesto total de 24.166.625 € (cantidad que indiqué en aquel momento que ya resultaba desmesurada). ¿Cómo es posible que en 2025 este mismo expediente se eleve a 36.334.135,14 € sin habernos presentado una explicación técnica y económica que lo justifique? Un incremento del 50,38 % más en solo cuatro años… 12.167.510,14 euros (2.024 millones de pesetas).
En la Junta del 24 de septiembre de 2025 se ocultó deliberadamente cualquier referencia al proyecto presentado en la Asamblea del 28 de junio de 2021. Ni una palabra, ni una cifra, ni una mención al presupuesto anterior de 24 millones de euros. Actuaron como si aquel proyecto jamás hubiera existido, silenciando este nuevo desfase económico de más de 12 millones sin dar explicación alguna. Esta omisión no fue casual: fue una maniobra consciente para evitar comparaciones incómodas y ocultar el incremento desproporcionado del presupuesto.
- Falta de transparencia total: En la Junta General Extraordinaria del 24 de septiembre de 2025, a los comuneros no se nos entregó previamente ningún documento técnico. Sólo se proyectaron grosso modo unas imágenes en pantalla. Al no entregarnos ninguna documentación, esto hizo que no pudiésemos revisar con tiempo suficiente los presupuestos detallados, los costes por partidas, ni la memoria técnica completa. Mostrar media docena de imágenes mediante PowerPoint no permite a los comuneros evaluar un proyecto de 36 millones de euros. Proyectar unas diapositivas, sin entregar con antelación la memoria técnica, el presupuesto desglosado y la documentación necesaria, no cumple los principios de transparencia ni garantiza el derecho de los comuneros a deliberar con información suficiente y verificable.
Lo que no se entrega documentalmente, no existe jurídicamente. Tenemos derecho a recibir de forma individual este tipo de información documental con antelación a la Junta General Extraordinaria. Es incuestionable que la celebración de esta asamblea no se sostiene dentro de la legalidad.
- Silenciamiento de las voces críticas: Cuando decidí intervenir, se me negó el uso del micrófono. Me vi obligada a hablar a viva voz. Aun así, antes de la votación expuse públicamente la impugnación, que el presupuesto es irreal porque está inflado y que estábamos comprometiendo dinero público en base a cifras injustificadas.
- Manipulación del acta de 2021: En la ratificación del acta de la Junta General Extraordinaria del 28 de junio de 2021 (la celebrada en el Recinto Ferial del Cortijo del Conde), me atribuyeron palabras que jamás pronuncié en esa Junta, donde se expuso el presupuesto de los 24.166.625 €. Un intento de desacreditarme con falsedades, delante de decenas de comuneros —la ratificación se llevó a cabo el 30 de marzo de 2022, en el Salón de Actos de la Cooperativa Cañera Remolachera—.
¿Qué he hecho como consecuencia de esta última Junta General Extraordinaria del 24 de septiembre de 2025, donde se presentó y aprobó la licitación de los 36.334.135,14 €?
He presentado escritos formales con toda la documentación:
- A la Comunidad de Regantes, impugnando la Junta por nulidad radical.
- A la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico.
- A la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
- Y también, a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por posibles delitos de fraude en subvenciones, administración desleal, falsedad documental y malversación. Todos los escritos están registrados oficialmente, firmados con número de entrada y fecha, y van acompañados de pruebas documentales y audiovisuales.
Si alguien cree que todo esto puede ignorarse, que se puede seguir adelante con el proyecto como si nada, está profundamente equivocado. Lo que se ha puesto en marcha no es solo una defensa individual: es una defensa de toda la comunidad. Y si, llegado el momento, se detectan irregularidades administrativas, económicas o penales, no seremos los comuneros quienes paguemos el pato. Responderán quienes firmaron, callaron y pretendieron engañarnos.
¿Qué habría ocurrido si no hubiese intervenido en la Junta General Extraordinaria del 24 de septiembre de 2025? Cuando más adelante se diera cuenta la Administración de que esta comunidad de regantes ha cometido irregularidades, inflado de precios y que se incumplieron las bases de la ayuda, ya habría sido demasiado tarde, porque:
- Las obras estarían adjudicadas.
- El dinero estaría comprometido o gastado.
- Y la responsabilidad recaería sobre toda la comunidad de regantes, incluyendo a los comuneros que no participaron en este engaño.
Sería una absoluta ruina económica para todos los propietarios de las tierras afectadas, ya que si se anulan las ayudas o se exige su devolución, tendríamos que enfrentar graves pérdidas económicas e incluso ejecuciones hipotecarias. Las fincas perderían valor, y muchos comuneros se verían obligados a malvenderlas para quitarse de encima una deuda o una hipoteca impuesta por una gestión irresponsable.
La Junta de Andalucía, por norma general, no realiza auditorías previas antes de conceder ayudas públicas. Confía en la veracidad, integridad y responsabilidad de la entidad solicitante, especialmente cuando se trata de corporaciones de derecho público como las comunidades de regantes.
Es una vez ejecutadas las obras cuando se llevan a cabo las comprobaciones y controles posteriores —incluidos informes técnicos, revisión de certificaciones de obra y justificación del gasto—. Si en esa fase se detectan irregularidades, como inflado de precios, falseamiento de datos o desviación del uso de fondos, la Administración puede exigir la devolución total o parcial de la ayuda, con los correspondientes intereses y sanciones.
Todo esto lo llevarían a cabo de forma directa contra la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril, como responsable civil subsidiaria, pues como persona jurídica responsable directa y beneficiaria de estas ayudas, sería la que tendría que hacer frente en primer lugar a las devoluciones del dinero recibido de forma fraudulenta.
Después tendría que ser la propia comunidad quien reclamara responsabilidades al presidente, al secretario, a los miembros de la Junta Directiva, al abogado y al ingeniero implicados.
Sin duda algunos no lo verán así, pero he evitado un desastre económico y jurídico para la comunidad de regantes.
Con mi intervención impugnando y alertando, he protegido a todos los comuneros ya que, si a pesar de todas las anomalías detectadas e informadas la Administración decide seguir adelante, sin hacer previamente la correspondiente investigación, y después de hecha la obra se descubre el inflado de precios u otras alteraciones, ya no podrán reclamarnos ninguna responsabilidad económica a los comuneros, sino al presidente, al secretario, a los integrantes de la Junta Directiva, al abogado y al ingeniero responsable del proyecto.
Además, también por ley, serán estos altos directivos y cargos públicos, junto a los técnicos de la Junta de Andalucía que aprueben la concesión de fondos públicos sin hacer antes una comprobación exhaustiva, quienes tendrán que responder patrimonialmente, y no podrán decir que no estaban informados ni avisados con tiempo.
Lo que está en juego no es un simple trámite administrativo, sino la confianza pública y la reputación de instituciones que manejan el dinero de todos.
Si alguien piensa que esto quedará en silencio o que el tiempo lo borrará, se equivoca. Las cifras están ahí, las grabaciones también, y la verdad —por mucho que se tape— siempre encuentra la forma de salir a la luz. Incluso un representante de la Junta de Andalucía optó por marcharse antes de la votación, evitando así validar con su presencia lo que ya era insostenible jurídicamente.
Si alguien cree que podrá “borrar y repetir”, que podrá volver a convocar otra Junta y disimular lo ocurrido, antes deberá explicar —donde corresponda— por qué ha intentado comprometer más de 36 millones de euros de forma injustificada en una Junta convocada ilegalmente, sin transparencia ni garantías. Tendrá que dar muchas explicaciones y el resto de socios implicados también. A los que aún dudan, les animo a revisar las cifras, los documentos y las actas.
Por mi parte lo que he hecho es pedir que se hagan las cosas conforme a la ley y a los estatutos. Lo he hecho por responsabilidad, no por enfrentamiento. Una sola impugnación, bien fundamentada, puede hacer caer un proyecto de 36 millones.
Todos queremos lo mismo: un proyecto legal, beneficioso para todos. No estamos en contra de modernizar, sino de hacerlo sin transparencia, sin garantías y poniendo en riesgo el futuro económico de toda la comunidad. Es necesaria una defensa del campo, del agua y de la justicia para que nadie vuelva a decidir sobre nuestro futuro a puerta cerrada.
La responsabilidad ya no recae sobre nosotros. Está, como debe estar, en manos de quienes permiten la aprobación de un proyecto plagado de irregularidades.
He actuado conforme a la ley. Quien no lo haya hecho, deberá responder donde corresponda.
¡Porque la Vega de Motril no se vende, se defiende! Mejor un proyecto detenido que un fraude aprobado. Esto no acaba aquí…
En Motril, a 3 de noviembre de 2025
–Dolores Collantes Jiménez–
