Liberadas seis mujeres víctimas de explotación sexual en Motril, obligadas a prostituirse en un piso de citas

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EL FARO

  • Han sido detenidos un varón de nacionalidad rumana sin antecedentes policiales y una mujer de origen paraguayo en situación irregular en el país y con una detención previa por hechos de la misma naturaleza, de 44 y 46 años, como presuntos responsables de delitos relativos a la prostitución
  • El presunto proxeneta recibía unos 5.600 euros al mes solamente en concepto de arrendamiento de las habitaciones de su vivienda. Además de un 10% de los pagos que realizaban los clientes a través de una aplicación bancaria
  • Algunas de las mujeres eran residentes ilegales y se encontraban en situación de vulnerabilidad, sin posibilidad de realizar cualquier otro trabajo. Además, en ocasiones eran obligadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad
  • La vivienda inspeccionada presentaba condiciones de insalubridad, hacinamiento y suciedad. Su distribución había sido modificada, anulando las zonas comunes, con el objeto de tener mayor número de habitaciones para alquilar
Vehículo de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional de Granada han liberado a seis mujeres víctimas de la explotación sexual quienes, al parecer, eran obligadas a prostituirse en un piso de Motril. Durante la investigación han resultado detenidos como presuntos autores de explotar sexualmente de manera reiterada a mujeres extranjeras en situación irregular, un varón de nacionalidad rumana y una mujer paraguaya en situación administrativa irregular en el país, esta última con antecedentes policiales por un delito anterior relativo a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. La edad de ambos detenidos es de 44 y 46 años.

Información sobre mujeres vulnerables obligadas a prostituirse en un piso de Motril

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada iniciaron la investigación a raíz de una información obtenida por policías de la comisaría de Motril sobre un piso de citas situado en la ciudad costera donde trabajarían varias mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad y malestar. Las primeras vigilancias e informaciones obtenidas evidencian que se podría tratar de una vivienda destinada a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día. Avanzada la investigación se tuvo conocimiento de la existencia de varias ciudadanas extranjeras que acudían al mismo o residían en él para dicho fin, así como el trasiego de clientes. En ocasiones, las jóvenes eran obligadas a mantener relaciones sexuales. 

Durante la inspección realizada en el domicilio, los agentes comprobaron las condiciones de insalubridad, hacinamiento y suciedad que presentaba la vivienda así como la modificación de su distribución, existiendo solo una pequeña cocina como zona común y sin salón, para obtener el mayor número de habitaciones destinadas al ejercicio de la prostitución, llegando a existir un colchón en la terraza.

Algunas de las seis mujeres identificadas se encontraban en situación irregular, sin disponer de autorización de residencia ni de trabajo en España, estando en situación de vulnerabilidad y riesgo, sin alternativa laboral viable más que dedicarse a la actividad sexual, aceptando las condiciones impuestas por el propietario de la vivienda, el ciudadano de origen rumano, a quien deberían abonar cuantías desproporcionadas por el arrendamiento, 200 euros a la semana cada mujer por el uso de cada una de las habitaciones. Además de estos 5.600 euros mensuales de beneficios, este individuo se lucraría con un 10% de los pagos de clientes realizados a través una aplicación bancaria. Por su parte la detenida, quien ya contaba con una detención anterior por los mismos motivos, sería responsable de obligar a prostituirse a algunas de estas mujeres, llegando a ejercer violencia verbal y a propinar empujones ante la negativa de aceptar a algún cliente. También, en muchas ocasiones, se encargaba de buscar clientes al resto de mujeres, cobrando un porcentaje por ello.

Finalmente, han sido liberadas seis mujeres de nacionalidades colombiana, venezolana, peruana y argentina, todas ellas usuarias de esta vivienda, en la que algunas también residían.

El teléfono de la trata: 900 10 50 90 no refleja la llamada en la factura

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que lucha contra entramados y organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de algunas extranjeras a quienes explotan sexualmente atentando contra sus derechos más fundamentales mediante esta forma de esclavitud y violencia de género.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

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