-CARTAS AL DIRECTOR-
La pobreza y exclusión social son solo la punta del iceberg de un problema estructural y cronificado que tiene Andalucía y que afecta a los niños y niñas en numerosos aspectos (peor salud, difícil acceso a la cultura, al ocio o al tiempo libre, menor rendimiento académico) que van, como pueden ver, mucho más allá del simple hecho de las posesiones materiales.
Y garantizar la solución de este problema es responsabilidad de las diferentes administraciones públicas, que al invertir en infancia garantizan la construcción de una sociedad que permite que las niñas y los niños crezcan en igualdad y sin discriminación.
Las políticas de Infancia en nuestra comunidad autónoma se sustentan en un marco legislativo en la Constitución de 1978; en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007. Su regulación está prevista en la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor por lo que, nos encontramos con un marco legislativo que obliga a todos los entes públicos a atender a la infancia para así, garantizar que puedan acceder a todos los derechos
Según el análisis efectuado por el Observatorio de Infancia de Andalucía, se observa que, tanto la pobreza relativa como severa, es mayor en nuestra comunidad que en el resto del territorio nacional, con más de 4 puntos (pobreza relativa en Andalucía 34,8%, 28,3% en el resto del Estado; pobreza severa en Andalucía 19,1%, 15,9 en España). Estos índices son consecuencia de más de 10 años de crisis económica ya que, las medidas adoptadas no han servido, ni de lejos, para erradicar la pobreza infantil y la exclusión social. Esto hace necesario el cambio de la situación a través de medidas claras y efectivas, que sean el contrapeso de uno de los principales problemas estructurales de Andalucía como ilustra, de forma tangible, el elevado nivel de desigualdad social que sufre.
Esto es algo que, por desgracia, viene de lejos ya que, las diferentes reformas legislativas (más preocupadas de contentar a las élites de nuestro país que a la sociedad en su conjunto) han favorecido que la riqueza se acumule a un limitado grupo de personas. Además, se han parcheado los problemas con soluciones cortoplacistas, es decir, se han presentado medidas coyunturales y no estructurales donde los conceptos desigualdad y pobreza van de la mano en todos y cada uno de los casos.
El contexto actual, que refleja más de una década de crisis y la aplicación de políticas de austeridad en los servicios públicos, no han hecho más que golpear con mayor fuerza a la parte de la población. Población que ya tenía graves dificultades económicas, sociales y laborales. Y aún, experimentando un crecimiento económico en nuestro país, no se ha visto reflejado en que se recuperen los derechos, cercenados durante estos años. Los poderes económicos nos escupen y nos dicen que llueve.
Para lograr la erradicación de la pobreza necesitamos, por un lado, acercarnos a la realidad social de nuestra comunidad, apostando por el fortalecimiento de nuestro sistema de servicios públicos y, por otro, eliminar de una vez por todas a las causas que originan la exclusión social consiguiendo una sociedad solidaria donde la participación de la población sea la piedra angular de las actuaciones a realizar.
Y por todo ello, medidas como blindar la partida de Renta Mínima de Inserción, poner en marcha un Plan Extraordinario para la inclusión a través de los Ayuntamientos destinado a la contratación para personas desempleadas de larga duración, con prioridad a aquellos núcleos familiares con menores a su cargo, ayudas directas para el pago de suministros vitales básicos y programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil, son algunas de las actuaciones, que se han de realizar de manera urgente; sin olvidar que el blindaje de los servicios básicos fundamentales (sanidad, educación, vivienda y servicios sociales).
Por lo tanto, implantar la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y de calidad, aumentar los recursos humanos en los centros educativos de compensatoria, ampliar las becas de comedor, modificar la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, con objeto de proteger a las personas menores en situación de vulnerabilidad consecuencia de un proceso de desahucio, aumentar el parque público de vivienda de protección oficial, impulsar un plan especial de erradicación del chabolismo y eliminación de la infravivienda en Andalucía, incluir la cobertura sanitaria, servicios y productos imprescindibles para el desarrollo de niñas y niños (gafas, audífonos, prótesis…) son medidas que debemos tener en cuenta para erradicar la pobreza y la exclusión social en Andalucía, ese mal estructural que debemos eliminar de una vez por todas.
Parlamentario y Diputado de IU Granada, Jesús Fernández (Granada)
