EL FARO
La coalición detalla en Granada sus medidas para blindar la escuela pública, la educación de 0 a 3 años y la universidad, en una jornada que ha contado con el apoyo de la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y en la que la candidatura ha acompañado las reivindicaciones laborales de las PTIS
La coalición Por Andalucía ha situado este miércoles su programa en materia educativa como el eje central de su proyecto político y como la única alternativa solvente para revertir el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos en la comunidad. Frente a la deriva privatizadora del actual Gobierno andaluz, la confluencia de izquierdas ha presentado en Granada una batería de propuestas estructurales destinadas a garantizar el blindaje de una educación pública, laica, inclusiva y de calidad.
La jornada electoral ha estado marcada por un fuerte respaldo a nivel nacional. Lara Hernández, coordinadora del movimiento Sumar, se ha desplazado hasta Granada para arropar a la candidatura y mostrar su apoyo explícito a las políticas de defensa del estado del bienestar que abandera Por Andalucía. Su presencia refuerza el mensaje de unidad del espacio progresista frente a las políticas de externalización y recortes ejecutadas por la derecha.
Durante la mañana, la defensa de la escuela inclusiva se ha trasladado a las calles. Miembros de la candidatura de Por Andalucía han estado presentes en la manifestación convocada por el Personal Técnico de Integración Social (PTIS). La formación ha hecho suyas las justas reclamaciones de este colectivo, exigiendo la reversión inmediata de su labor a un sistema de gestión cien por cien público, el aumento urgente de las plantillas y la implementación de mejoras estructurales. La coalición advierte que solo mediante estas medidas se puede garantizar una atención segura, digna y verdaderamente inclusiva para el alumnado con Necesidades Educativas Específicas.
Frente a un modelo que asfixia a los profesionales y favorece el negocio privado, Por Andalucía ha puesto sobre la mesa sus propuestas clave en educación como antídoto a esta crisis.
En primer lugar, la coalición defiende una educación de cero a tres años pública y universal, señalando que la etapa de infantil debe consolidarse como un derecho educativo y no como un servicio asistencial o un espacio de precariedad. Para ello, la formación impulsará la integración de los centros en la red pública y frenará el uso de fondos públicos para macroeventos en detrimento de la creación de plazas.
En segundo lugar, Por Andalucía apuesta por el blindaje de la universidad pública. Entendida como motor de igualdad y principal ascensor social, la candidatura propone una regulación estricta para frenar la proliferación de universidades privadas sin criterios de calidad, además de comprometerse a ampliar la oferta pública de másteres, aumentar las becas y estabilizar al personal docente e investigador.
Finalmente, la coalición plantea un aumento de recursos y la bajada de ratios con el objetivo de garantizar que los centros públicos andaluces dispongan de la infraestructura y el personal necesario para ofrecer una educación en condiciones de equidad.
En este contexto de reivindicación, Rafa S. Rufo, número uno en la lista de Por Andalucía en Granada, ha subrayado la trascendencia de las medidas de la confluencia. «Nuestras propuestas en educación son la única solución real frente a un Gobierno autonómico empeñado en desmantelar lo que es de todos para entregárselo a unos pocos», ha declarado Rufo. «La situación de las compañeras PTIS es el ejemplo más cruel de esta deriva privatizadora. No existe igualdad de oportunidades ni verdadera inclusión si quienes cuidan y educan a nuestro alumnado más vulnerable lo hacen desde la precariedad y bajo subcontratas. Internalizar este servicio y blindar la educación pública en todas sus etapas, desde los cero años hasta la universidad, es nuestro compromiso inquebrantable para proteger a las familias trabajadoras de nuestra tierra».
Por Andalucía concluye reafirmando que no dará ni un paso atrás en la defensa de los servicios públicos, advirtiendo que los derechos de los niños, niñas y jóvenes andaluces no son un nicho de mercado, sino el pilar fundamental del futuro de Andalucía.
