EL FARO
Una actuación «sin escuchar a los vecinos afectados»
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón ha denunciado la apropiación ilegal de caminos rurales por parte del Consistorio lanjaronense (PP) sin haber iniciado previamente un expediente de investigación, como marca la ley, para escuchar a los vecinos afectados.
El Grupo Socialista ha considerado que el equipo de gobierno está actuando de “espaldas a los vecinos” en un asunto que afecta directamente al patrimonio de numerosas familias del municipio.
Tras tachar de “oscurantismo administrativo” la estrategia seguida por el Ayuntamiento, el portavoz socialista, José Andrés Chaves Ruiz, ha explicado que la publicación del anuncio en la sede electrónica se realizó de forma “deliberadamente disimulada”, lo que ha impedido que la mayoría de los afectados pudieran conocer el proceso a tiempo para defender sus derechos.
Por este motivo, los socialistas han formalizado un escrito de alegaciones solicitando la nulidad absoluta del expediente 1601/2025, referente a la aprobación del Inventario general de caminos rurales.
En este escrito afirman que el equipo de gobierno ha optado por la técnica del “hecho consumado”, saltándose pasos legales obligatorios. Según la ley, antes de incluir estos bienes en el inventario municipal, el Ayuntamiento debería haber iniciado un expediente de investigación que garantizara el derecho de los vecinos a ser oídos.
“El equipo de gobierno del PP ha realizado un salto olímpico sobre la legalidad vigente para no informar a los interesados”, señala el escrito presentado ante el Pleno.
Uno de los puntos más graves denunciados es la falta de base jurídica para esta “apropiación” municipal. El PSOE ha alertado de que no existe ni una sola escritura pública o referencia registral que avale que esos carriles pertenecen al Ayuntamiento, basándose todo el proceso en un informe técnico interno que no tiene valor legal para sustituir a un título de propiedad.
El Grupo Socialista ha exigido así la paralización inmediata del expediente y la apertura de un proceso participativo y transparente. “El deber del Ayuntamiento es defender el patrimonio público, pero no confiscar el de los vecinos de forma autoritaria”, ha concluido el portavoz.
