El Pleno del Senado ha sacado adelante de forma unánime el proyecto de Ley del Mercado de Valores y ha dado luz verde a seis enmiendas del Grupo Socialista que ya fueron aprobadas en Comisión y que establecen legislar la publicación relativa a las prácticas y políticas de remuneración de entidades financieras y de empresas de servicios de inversión.
El portavoz socialista, el senador por Granada, Juan Manuel Fernández, intervino durante el debate de la ley y subrayó que los objetivos perseguidos por esta iniciativa son aumentar la seguridad de los inversores, la solvencia de las entidades financieras, la coordinación de los supervisores nacionales a nivel europeo y la transparencia del sistema financiero. Fernández explicó que en la raíz de la crisis estaban las titulaciones sobre hipotecas basura, en las que el originador de estos instrumentos transfería todo el riesgo al inversor y se despreocupaba absolutamente de la calidad de las hipotecas. El parlamentario del PSOE subrayó que el primer objetivo de esta ley es aumentar la seguridad de los inversores, para lo cual se establece que las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión sólo puedan invertir en activos procedentes de titulaciones en las que el originador retenga una parte de los activos, en concreto al menos el 5%. «Se trata con ello, puntualizó, de evitar que el originador transfiera todo el riesgo al adquirente, de manera que al quedarse con una parte de las titulaciones se garantice su interés en evitar un excesivo riesgo y aumente la calidad de los activos que responden de esas mismas titulaciones».
Juan Manuel Fernández prosiguió aclarando que el segundo objetivo perseguido por este proyecto de ley es aumentar la solvencia de las entidades financieras, para lo cual se introducen modificaciones en la regulación de su capital básico. En este sentido, señaló que «la crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de que estas entidades mantengan mayores niveles de recursos propios y que estos sean de más calidad». Se modifica el régimen de computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios básicos de las entidades de crédito. Se fijan como máximo en el 30% los recursos propios básicos y se autoriza al Banco de España para que en determinadas circunstancias pueda llegarse hasta el 35%. «El tercer objetivo reseñable de este proyecto, apuntó, es reforzar la dimensión europea de los supervisores nacionales, en nuestro caso, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores». Por último, se persigue aumentar la transparencia del sistema financiero facultando a los supervisores (Banco de España y CNMV) para obtener información salarial significativa de las entidades financieras que permitan estudiar la tendencia de sus remuneraciones y, en particular, la de aquellos empleados que potencialmente pudieran tener efectos sobre el perfil de riesgo de la institución (los que tienen remuneraciones de al menos 1 millones de euros), facultando a las autoridades nacionales competentes para limitar la remuneración variable cuando esta sea incompatible con el mantenimiento de una base de capital sólida.
Juan Manuel Fernández concluyó destacando que «la política tiene que gobernar a la economía» y recordó que «cuando el sistema estaba al borde del colapso, todos miraron a los políticos en busca de soluciones. Por ello, se debe legislar para proteger los intereses de los ciudadanos. Para impedir que la avaricia desmedida de unos pocos pueda llevar al sistema financiero a una situación crítica y que los efectos de la misma sean pagados por el ciudadano de a pie».
