EL FARO
Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida en Granada, ha encabezado una convocatoria para instar al Ministerio de Economía y Hacienda a cumplir con la distribución de los 90 millones de euros de los fondos del PIE (Participación en los Ingresos del Estado) a los ayuntamientos de la provincia
Representantes de diversas alcaldías y cogobiernos de Izquierda Unida de la provincia se han reunido esta mañana con Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida y diputada provincial, en la Plaza del Carmen para tratar tema de la deuda que el Ministerio tiene con la provincia, allí compartieron su «preocupación inminente y evidente» por la falta de acción en esta materia.
En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de Administración Local aprobó un incremento del 22,6% en la participación de los tributos del Estado, traducido en cerca de 90 millones de euros para la provincia de Granada. Pérez señala «la lentitud en la tramitación de la fórmula jurídica y administrativa que está impidiendo que estos fondos lleguen a nuestros pueblos» por parte del Partido Socialista.
Los 90 millones de euros previstos se distribuirían de la siguiente manera: 36 millones para los municipios, 34 millones para la Diputación de Granada y 20 millones para el Ayuntamiento de la capital. «Es inadmisible que el bipartidismo condicione la llegada de los fondos a Granada», afirmó Pérez, añadiendo que el Partido Popular en el Senado está bloqueando la situación, ya que ha vetado los objetivos de déficit y deuda, restando recursos a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.
Desde Izquierda Unida se pide al ejecutivo la modificación de la Ley de Estabilidad para suspender las reglas fiscales y de gasto, argumentando que España cumple con los requisitos necesarios debido a superar las tasas de paro, riesgo, exclusión y pobreza en comparación con la media de la Unión Europea. «Pedimos al Partido Socialista agilidad en la tramitación y al Partido Popular que levante el veto en el Senado para que los fondos lleguen a nuestros pueblos», declaró Pérez.
La coordinadora provincial también destacó que la demora en la adjudicación de estos fondos podría impedir a los ayuntamientos utilizarlos antes de finales de 2024, lo que favorecería al Estado aumentando su superávit a costa de las necesidades locales. «Los vecinos de la provincia de Granada se merecen esos 90 millones de euros adicionales», concluyó Pérez, enfatizando la urgencia de esta situación para garantizar la mejora de servicios públicos y la creación de empleo en la región. Con esta iniciativa se registrarán mociones en todos los ayuntamientos alertando de la necesidad de la tramitación urgente de la modificación del decreto ley de medidas anticrisis aprobado en diciembre de 2023, siendo esta la vía para que la Comisión de Hacienda convoque la sesión correspondiente y haga la corrección para aplicar los fondos.
