EL FARO
Agentes de la Policía Nacional de las ciudades de Granada, Motril y Baza han llevado a cabo durante el pasado mes de junio, la detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales de 52 personas las cuales contaban con reclamaciones de carácter judicial, por causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme. La suma total de estas requisitorias, que ya han sido cesadas, alcanza las 61, ya que varias de ellas contaban con más de una reclamación en vigor.
Colaboración con autoridades judiciales nacionales e internacionales
Como parte de las funciones de la Policía Nacional se encuentra la colaboración con las diferentes autoridades judiciales, a nivel nacional e internacional, en el cumplimiento de sus objetivos. De esta forma, los agentes de policía realizan una búsqueda incesante sobre aquellos individuos que tienen causas abiertas en cualquier juzgado del territorio nacional, además de aquellos sobre los que ha recaído una sentencia firme de ingreso en prisión y se encuentran huidos de la justicia. La colaboración a nivel internacional se concreta en la búsqueda, localización y detención de individuos buscados por otros países.
52 detenidos en Granada, Motril y Baza con causas judiciales de carácter nacional
Durante el pasado mes de junio han sido detenidas 52 personas las cuales se encontraban reclamadas por autoridades judiciales de ámbito nacional. La captura de estos fugados ha resuelto, por tanto, 61 reclamaciones que estaban pendientes, debido a que algunos de los detenidos acumulaban más de una de estas requisitorias por uno o varios juzgados. Del total de detenidos, 42 lo han sido en Granada, donde se han cesado 51 reclamaciones nacionales. Por otra parte, 8 han sido los arrestados en Motril, donde han quedado dadas de baja otras 8 reclamaciones nacionales, mientras que en Baza han sido 2 las personas detenidas con las que se han resuelto otras tantas reclamaciones de carácter nacional.
La mayoría de las infracciones cometidas, las cuales han ocasionado estas reclamaciones judiciales y policiales, han tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo robos con fuerza, hurtos y estafas. No obstante, existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
