Aprovechando el Día del Consumidor, que se celebra mañana, la responsable de la Junta Provincial Arbitral de Consumo, un organismo impulsado por Diputación para la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores o usuarios y empresas o comerciantes, Yolanda Ibáñez, ha querido alertar de los peligros que conlleva el consumo de determinados productos y en especial los ligados con la telefonía.
La presentación ha servido para conocer un caso concreto que puede servir de modelo tipo de reclamación, el de un usuario de teléfono móvil a quién la llamada a un concurso televisivo costó más de 700 euros. Un importe que le ha sido devuelto por la compañía telefónica que le facturó, después de que este organismo emitiera un laudo favorable al cliente.
Según ha explicado la presidenta de la Junta Provincial Arbitral de consumo, Yolanda Ibáñez, este organismo “recibió en 2008 un total de 253 solicitudes de intermediación; la cifra pasó a 444 en 2009 y a 544 un año más tarde, lo que supone un incremento acumulado del 115% en apenas dos años”. La tendencia continúa al alza y en lo que va de año se han registrado otras 280 reclamaciones, por lo que Ibáñez apunta que, “de continuar ese ritmo de crecimiento, podríamos alcanzar las 15.000 solicitudes al cerrar el ejercicio”
Por fortuna, no todas las solicitudes de intermediación precisan de un laudo arbitral, sino que “en torno al 30% se resuelve de forma previa, a través de la mediación entre las empresas y los usuarios que reclaman”, señala la diputada. No fue ese el caso de la persona que ha expuesto su caso y que puede ser ejemplo paradigmático de las situaciones que llegan a la Junta Provincial.
En esta ocasión se trata de una persona mayor, Bernardino Ramón que, según explica, llamó a un programa de televisión en el que el premio eran 100 euros “porque no podía dormir y necesitaba hablar con alguien”. Las llamadas que el efectivamente realizó, sólo tres a razón de 1,68 euros cada una, se multiplicaron por cientos mediante un sistema de enganche que repite cada pocos segundos la llamada, sin que el usuario fuera consciente de lo que estaba ocurriendo. En ese caso la factura expone que las llamadas se repitieron hasta las 5,30 de la madrugada, cuando hacía varias horas que el propietario del teléfono dormía. La consecuencia fue una factura que superaba los 700 euros. Tras solicitar el arbitraje, este usuario ha visto como la compañía de telefonía le ha devuelto ese importe.
Para evitar llegar a situaciones de este tipo, Yolanda Ibáñez aconseja “pedir los resguardos de cualquier compra, solicitar presupuesto antes de proceder a una reparación, disponer de copia escrita del contrato incluso aunque las gestiones se hayan realizado por teléfono, comprobar las prendas tras realizar algún arreglo o limpieza en tintorerías, solicitar el resguardo de deposito cuando se lleve el vehículo al taller y, en general, consumir de una manera responsable. Si aun así se produce algún problema lo mejora es acudir a la Junta provincial de Arbitraje”.
La diputada también ha recordado que ya son más de 1.500 las empresas adheridas a este sistema arbitral y la Diputación ha incrementado los Puntos de Información al Consumidor (PIC) de 11 a 17, “lo que permite estar más cerca de los usuarios y consumidores, ya que estas oficinas se distribuyen por todas las comarcas de la provincia”
