EL FARO
El gobierno local del PP y C’s rechaza todas las alegaciones presentadas por los grupos municipales a la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de Impuestos, Tasas y Servicios públicos. IU-Equo planteaba en sus alegaciones medidas para bonificar en determinadas circunstancias la aplicación del IBI, del Impuesto de Actividades Económicas y de la Tasa de apertura de establecimientos
De este modo, el gobierno local rechaza establecer un recargo del 50% en el IBI para los inmuebles que se encuentren desocupados de forma permanente y que sus titulares sean grandes tenedores (más de 10 inmuebles urbanos sin contar garajes y locales); bonificar con un 90% las viviendas en las que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo y, en tercer lugar, ampliar la bonificación al 90% del Impuesto a Inmuebles de uso residencial que sean viviendas habituales con valorar catastral menor a los 62 mil euros.
A pesar de que el informe de los servicios técnicos determinan el “carácter potestativo” de las bonificaciones, se rechazan todas las propuestas presentadas por la oposición, aduciendo, entre otros motivos, la repercusión económica en la minoración de ingresos y las dificultades, en otros casos, de determinar el censo de potenciales afectados por la aplicación de las medidas.
Desde IU-Equo se lamenta que el gobierno del PP y Cs renuncie a articular “una política fiscal más justa y progresiva” que beneficie, fundamentalmente, a las familias motrileñas con menos recursos económicos y a los pequeños comerciantes de la ciudad.
Según su portavoz, Inma Omiste, “el gobierno de García Chamorro desprecia medidas para reducir la carga fiscal de los vecinos y vecinas que suponen una mayoría social”.
Inma Omiste ha denunciado la “impostura del gobierno de derechas”, que no deja de anunciar bajadas generalizadas de impuestos cuando está en la oposición y, a la hora de la verdad, cuando gobierna, sólo se reducen impuestos a los más ricos y a las grandes empresas en detrimento de las familias trabajadoras, del pequeño comercio –que seguirá teniendo que pagar cuotas desproporcionadas en relación con lo que pagarán los grandes establecimientos comerciales– y, en definitiva, del interés general.
