Una de las reivindicaciones más exigentes y con antecedentes histórico-políticos, fue la concerniente a los derechos de las «comunidades históricas», que en aquellos momentos estaban centradas en Cataluña y Euskalerría. No en balde, ambos territorios, disponían de una representación política en ambas Cámaras legislativas que en sus respectivos ámbitos superaba a los partidos llamados estatales o de ámbito «nacional». Es decir, la UCD, A.P. , PSOE y PC o actualmente I.U.
El consenso, exigió a los redactores una especial ponderación de sus «radicales» expectativas en pos de un entendimiento capaz de definir bases esenciales donde poder reflejar los respectivos idearios. Pero eran conscientes que ese reflejo era, en determinados aspectos, una imagen algo distorsionada o incompleta, de sus personales postulados. La tensión propia del final de una dictadura, vencida por su propio agotamiento más que por el ejercicio de sus contestatarios, exigía a los redactores y a sus partidos políticos, un esfuerzo especial, de forma que aquellas desdibujadas pretensiones debieron plasmarse, más como algo posible, viable, que como algo deseable.
La Constitución, como consecuencia del amplio consenso, establece mecanismos de mayorías muy exigentes para formular su alteración. El acuerdo basado en un equilibrio, necesario en dicho momento, pero débil, se convierte de esa manera en una prisión indeseable que a la larga puede provocar todo aquello que se pretendió evitar: la confrontación entre las diferentes fuerzas políticas, el divorcio de aquella gran familia que gestó la Norma Básica de convivencia. Como botón de muestra, la pervivencia y hegemonía política de los partidos nacionalistas, en ambos territorios históricos, que lejos de diluirse en el tiempo se consolidan, es contradictorio con la existencia de unas autonomías territoriales que presuponen una soberanía externa a las mismas. Autonomía significa dependencia, aunque suene paradójico.
Por tanto, con el tiempo, lejos de convertir a dicha Norma en un instrumento para la paz social, lo hemos transformado en un instrumento en sí mismo. No estamos obligados a defender la Constitución como si se tratara de un fin en si mismo, estamos llamados a defenderla porque resultó suficiente en su momento para cerrar una etapa y abrir otra que, afortunadamente, nos ha enseñado a madurar en nuestras convicciones y prácticas democráticas. Hasta el punto que podemos discernir, sin necesidad de rasgarnos las vestiduras, qué mejoras pueden y deben acometerse para fortalecer dicho instrumento.
Las reivindicaciones sobre mayores cotas de autonomía, incluso la autodeterminación y la independencia de España, por parte de algún territorio, no pueden ser rechazadas con el pretexto de ser contrarias a la Constitución. Las zonas, como Cataluña y Pais Vasco, con sus respectivos gobiernos autonómicos, han permanecido «fieles» a la Constitución y a pesar de ello, después del tiempo transcurrido, reivindican un lugar independiente de España en Europa y en el mundo.
¿Cómo podemos tirarle a la cara, a modo de «mandamientos de Moisés» las tablas constitucionales, si éstas y su desarrollo normativo, durante el tiempo transcurrido, no han sido capaces de frenar -tampoco creo que fuera esa su función- o modelar el sentimiento de no pertenencia al Estado español?. Es posible que el consenso, base de la Constitución, no permitiera ver con claridad la reivindicación en su estado puro, pero su desfiguración o su determinación, antes invisible, no puede justificar en modo alguno su eliminación, como si el fenómeno social y político que representa no existiera. O, existiendo, sea eliminado por el peso de las «tablas», como condena por el pecado social cometido.
Los términos, por tanto, no pueden estar circunscritos al hecho, por otro lado evidente, de quedar la cuestión, tal y como se plantea, fuera de la Constitución. Todos sabemos que de poder plantearse un Referéndum sobre si Cataluña o Pais Vasco permanecen como parte de España o no, solo sería posible en una consulta a nivel de todo el Estado español. Y nos consta que dicha exigencia tiene una finalidad, querida por los redactores sí -en aquellos momentos de consenso imperfecto, si se nos permite la expresión-, que no era otra que perpetuar la unidad de España.
La profundización en las libertades de los individuos y de los grupos en que se integran, hasta el punto de exigir a los poderes públicos -artículo 9 de CE- la remoción de los obstáculos que las impidan o dificulten, es un germen que el propio texto constitucional impone, hasta tal punto, que contamina y provoca su propia reconfiguración. Si la mayor cota de libertad de los individuos o los grupos – y territorios- en que se integran, se enfrenta directamente contra la Norma que la preconiza, ésta última, en aras a la protección de sus propios postulados, debe ceder. Y ser modificada, permitiendo un debate libre, sosegado, a fin que dichos individuos, en el marco de su territorio, decidan sobre su destino.
En ese momento hablaremos de solidaridad, de economía, incluso de historia, por más que me resultan ridículos los postulados académicos al respecto, de ser más fuertes unidos, si ello es cierto. Y si la decisión mayoritaria es el camino de la independencia, ¿quiénes somos nosotros para imponer -ya bajo la fuerza- un destino a otros, no deseado por ellos mismos?. ¿Acaso una familia lo es más o mejor por estar todos bajo el mismo techo, sin desearlo parte de sus miembros.?. La CE creó un Estado autonómico y por tanto con gobiernos dependientes, no soberanos, instauró una Monarquía como forma de Estado, pero, asimismo, consideró que España era un territorio donde la LIBERTAD y la IGUALDAD -tanto formal como material- de sus ciudadanos y ciudadanas era, POR ENCIMA DE TODO LO DEMÁS, la mayor de las conquistas, hasta el punto de poder alterar o modificar los anteriores pronunciamientos.
Desde el criterio académico, lo expresado puede resultar inapropiado, falto de rigor, pero ese mismo criterio, por más que sea expuesto, defendido, enarbolado, incluso arrojado a los reclamantes de libertad, no podrá sustituir, rellenar o suavizar, las legítimas brisas de independentismo, al contrario, lo convertirán en un ciclón de enfrentamientos y odios y al final, la independencia -si no la dictadura-, pero ya dolorosa, con heridas probablemente tan perdurables como la unidad impuesta.
El sentimiento de pertenencia o su lectura negativa, la no pertenencia, no pueden combatirse con leyes. La unión libre, consentida, aceptada, siempre será más fuerte que la unión impuesta. El ideal que proponemos: una República de territorios libremente unidos. Eso es ilusorio corearan los más, pero ilusión es creer que la mentira por más que la rehabilitemos pueda pasar por verdad. En definitiva, los que nos creemos primero españoles y después andaluces, no podemos decidir objetivamente sobre lo que desean aquellos que sólo se sienten catalanes o vascos…
