Forman una familia normal y corriente. Él lleva muchos años trabajando, es un buen trabajador y el empresario que lo ha contratado está muy contento con él. Ella ha estudiado un módulo de grado medio de administración de empresas en un instituto de Motril; y como la cosa no anda muy bien, ha decidido seguir estudiando el grado superior. Los dos están orgullosos, porque su hija está estudiando en la Universidad de Granada. Eso supone un gran esfuerzo económico y organizativo como familia, pero lo están llevando bien. Bueno, lo estaban llevando bien.
Porque resulta que son de origen rumano, y este verano el gobierno decidió que los rumanos no eran los ciudadanos europeos que queremos en España, y dijeron que los que no estuvieran en las listas del INEM, o cotizando a la Seguridad Social, no podían tener permiso de residencia y trabajo en nuestro país. Y la mala suerte se alió contra ellos. Su contrato terminó en junio, al finalizar la obra; y como iba a empezar la nueva obra en tres semanas, no se apuntó al paro. Precisamente en la fecha que dice la ley que había que estar apuntado.
Así que, ella por estudiar, y él porque al terminar una obra y empezar otra, no se apuntó al paro, han perdido su permiso de trabajo. Son ciudadanos europeos, llevan en España más de ocho años, tenían todos sus papeles en regla, están plenamente integrados en nuestra comunidad, hablan castellano perfectamente, cotizan, trabajan… viven aquí, aquí está su vida. Pero los políticos han decidido que no, que no son ciudadanos. O que tienen que demostrarlo una vez más, para que les dejen vivir con la soga al cuello, como ciudadanos de segunda clase.
Es una vergüenza y una injusticia. Y ellos no saben qué hacer, ni dónde acudir, porque no entienden esta sinrazón, y a los que recurren no se lo sabemos explicar. ¿Cómo decirles que los Derechos Humanos son simple papel mojado? ¿Cómo explicarles que los ciudadanos pobres tenemos las de perder siempre? ¿Cómo hacerles saber que esa Europa que se llena la boca de derechos sociales, de defensa de la familiar, de estado de bienestar y de libre circulación, al final sólo atiende a «ese poderoso caballero, don dinero»?
No es fácil de entender, ni es fácil actuar en consecuencia. Pero depende de todos que seamos capaces de construir una sociedad más justa, en la que se busque el bien común de todos los ciudadanos, tengan el origen que tengan, y en la que los derechos sociales y de ciudadanía sean una realidad. Una sociedad en la que hablar de defender la familia no sean sólo palabras huecas o que buscan la confrontación absurda.
Ellos tendrán que volver a pasar por el calvario de la irregularidad y la precariedad, y seguramente, después de gastar mucho tiempo y dinero, podrán rehacer su vida. Pero nosotros les podemos ayudar, poniéndonos en su lugar, solidarizándonos y denunciando estas situaciones, sin mirar para otro lado. Y actuando en consecuencia cuando los políticos, que generan estas situaciones, nos pidan su voto y repitan esas frases que son solamente palabras en sus bocas.
