EL FARO
El responsable de Enseñanza Concertada de CCOO Enseñanza Granada, Adriano Fernández, ha denunciado que la mayoría de los servicios que prestan estas profesionales están privatizados o externalizado
Las empresas que gestionan este servicio privatizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. siguen incumpliendo el convenio colectivo de aplicación en lo que respecta al abono de las vacaciones y festivos, atrasos, antigüedad, contratos inferiores a lo exigido en la licitación o el abono del salario en tiempo y forma, entre otras cuestiones.
En el día de ayer, 7 de febrero, el personal de los servicios públicos educativos y complementarios de todos los centros, en concreto, el Personal Técnico de integración Social y los intérpretes de Lengua de Signos privatizados (servicios de atención directa en el aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo); ha secundado la jornada huelga convocada, a pesar de los servicios mínimos abusivos decretados por la Junta de un trabajador por centro, movilización convocada para denunciar la extrema precariedad a la que está sometido a este servicio.
El responsable de Enseñanza Concertada de CCOO Enseñanza Granada, Adriano Fernández, ha denunciado que la mayoría de los servicios que prestan estas profesionales están privatizados o externalizados. Es decir, licitados por empresas privadas, a través de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), la cual, a pesar de los compromisos adquiridos con el colectivo e incluso habiendo atendido a las denuncias de CCOO por los incumplimientos en materia laboral de alguna de estas empresas, continúan sin concretar las modificaciones de los próximos pliegos de licitación que podrían suponer el fin de la mayoría de las irregularidades cometidas por las empresas.
Continúa Fernández señalando que, además, estamos en un sector altamente feminizado donde más del 90 % son mujeres. “Se constata de nuevo, que el binomio mujer-precariedad en los centros educativos públicos andaluces es una constante, mientras este gobierno no ejecute políticas serias en coordinación con los agentes sociales con el claro objetivo de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres.”
Por otra parte, nuevamente la autoridad laboral ha impuesto unos servicios mínimos abusivos que impiden que casi el 80% de PTIS e ILSE puedan ejercer su derecho a huelga. Ya fueron anulados para estos mismos colectivos por el TSJA el pasado septiembre tras la denuncia presentada por CCOO y vuelven a dictaminar similares servicios pero, esta vez, enmascarados con un lenguaje confuso para intentar saltarse la sentencia del TSJA. Ante esta nueva vulneración de los derechos de las personas trabajadoras desde CCOO ya hemos iniciado los trámites judiciales para su denuncia.
