R.E.F.
El Ministerio de Sanidad ha trasladado a las CCAA el borrador del «Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19». El Plan articula el conjunto de medidas para hacer frente al COVID-19 en el escenario actual y en los que puedan producirse en un futuro. Las CCAA podrán ahora hacer sus aportaciones antes de su aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El objetivo general de este Plan es doble: reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión de SARS-CoV-2.
Gobernanza y marco normativo
El Plan establece que las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse
de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo. Los aspectos relativos a la gestión estratégica ante amenazas sanitarias se analizan en el Comité de Dirección del COVID-19 creado en el Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es quien acuerda la implementación de las acciones en el conjunto de las comunidades autónomas.
En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias CCAA, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud y con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.
El texto establece que todas las actuaciones de intervención deben ser adoptadas respetando el marco constitucional de distribución de competencias entre las CCAA y la Administración General del Estado.
Pilares de la preparación y respuesta
Dotar al SNS de una mayor capacidad para que sea capaz de hacer frente a posibles incrementos de la transmisión de COVID-19 sin las tensiones a las que se ha visto sometido durante la crisis es uno de los principales pilares sobre los que se asienta este Plan.
Esto requiere una acción amplia y coordinada e incluye la preparación en los ámbitos de Salud Pública, asistencia sanitaria y laboratorio, la compra extraordinaria de la vacuna de la gripe y la preparación de las medidas farmacológicas y no farmacológicas frente al COVID-19.
El texto establece que las CCAA deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, entre otros.
En el ámbito de la atención sanitaria, el Plan señala que las CCAA deben activar los planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria de forma adaptada a cada escenario; garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y de Equipos de Protección Individual y disponer de una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva. En este caso, entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
Además, las CCAA deben disponer de planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes COVID-19 y no COVID-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables; y garantizar la atención a las actividades priorizadas de la atención habitual como los programas de vacunación, entre otros.
Medidas no farmacológicas y farmacológicas
El documento establece como principales medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación del virus la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia interpersonal y la utilización de mascarillas.
Además, señala la necesidad de disponer de estrategias de prevención que recojan aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios, la coordinación con el sistema asistencial o procedimientos sobre manejo de casos. Unas estrategias que deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes en entornos especialmente vulnerables como residencias para mayores, personas con discapacitados; centros de salud mental y centros de acogida o albergues.
En cuanto a las medidas farmacológicas, el Plan recuerda que en la actualidad no existe ninguna terapia eficaz ni vacuna frente al COVID-19. El Ministerio de Sanidad trabaja, junto con la Comisión Europea y los países de la UE, para disponer de vacunas cuanto antes.
España, a través de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), está representada en el órgano de decisiones de compra anticipada de la UE. Además, nuestro país se ha incorporado al equipo negociador del Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas frente al COVID-19 de la UE formado, además, por representantes de Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia.
Por otro lado, en España hay en marcha más de 10 proyectos de investigación sobre vacunas financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
De forma paralela, el Plan establece prioritario prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno ante la situación de eventual coincidencia con la epidemia de COVID-19. Para ello se fomentará el aumento de la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, mujeres embarazadas y personas con condiciones de riesgo.
Al Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe que impulsa anualmente el Ministerio de Sanidad se suma este año una compra extraordinaria de 5,2 millones de dosis que complementará la adquisición de vacunas realizada por las comunidades autónomas.
Reserva estratégica nacional
Hasta el pasado 2 de julio, se han repartido en todo el territorio casi 221,7 millones de unidades de productos sanitarios desde el inicio de la epidemia, en su mayoría mascarillas, guantes de nitrilo y kits de diagnóstico rápido.
Ante la situación de mercados tensionados y con objeto de garantizar una rápida respuesta ante nuevas ondas epidémicas o emergencias de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad considera fundamental que las CCAA puedan garantizar una reserva estratégica de productos críticos que pueda cubrir las necesidades durante un periodo de 8 semanas. Además, la reserva nacional dará cobertura al 25% del consumo medio total declarado por las CCAA durante 2 meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.
Esta reserva se está realizando en función de la estimación de necesidades para cada producto en base a los consumos semanales reales declarados por las CCAA y considerando la disponibilidad de productos, tanto por las adquisiciones realizadas en esta pandemia como por las futuras coberturas derivadas de la capacidad de producción nacional.
Muchos de los equipos y materiales que formarán parte de esta reserva ya han sido adquiridos por el Gobierno de España. Otros, como los guantes o las mascarillas FPP3, se adquirirán mediante un Acuerdo Marco que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) está gestionando conjuntamente con las comunidades autónomas.
La reserva estará compuesta por equipos de protección individual, técnicas diagnósticas; medicamentos y equipos de ventilación mecánica.
Respuesta y gestión del riesgo
La vigilancia y la alerta precoz son elementos clave para evitar incrementos en la incidencia de COVID-19. Y para ello, el Ministerio cuenta con la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control consensuada con todas las CCAA.
Ante señales de alerta, el Plan establece que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) realizará una evaluación de riesgo en coordinación con la comunidad autónoma para evaluar el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.
La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial que se está evaluando; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y capacidad de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.
El resultado de la evaluación determinará la situación de riesgo en la que se encuentra el territorio y determinará las medidas necesarias para contenerlo.
El Plan recoge medidas de respuesta para entornos específicos como son centros educativos, centros sanitarios, centros sociales y socio-sanitarios residenciales, entorno laboral, poblaciones socialmente vulnerables o entornos de alta concentración de personas.
Por último, el documento establece que en el escenario actual de control es prioritario mantener los mecanismos adecuados en los puntos de entrada al país para prevenir la llegada a España de casos procedentes del extranjero.
Corresponde al Ministerio de Sanidad determinar los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima. En este sentido, se realizan ya controles que incluyen la toma de temperatura, control documental y control visual sobre el estado del pasajero.
Los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español deben cumplimentar un formulario de Salud Pública que permita realizar una evaluación del pasajero y facilitar la localización de los contactos estrechos en caso necesario.
La cumplimentación del formulario se debe realizar antes de llegar a España por vía electrónica a través de la dirección de internet www.spth.gob.es o mediante la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.
La implementación de los controles sanitarios previstos se realiza con la colaboración y en coordinación con los gestores aeroportuarios y portuarios. En el caso de aeropuertos, Aena ha puesto a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior los recursos humanos sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales.
Desde el pasado 21 de junio, coincidiendo con la apertura de la circulación en el espacio Schengen a excepción de Portugal, los procesos de control se han reforzado con la contratación e incorporación de un centenar de efectivos.
Además, se han adjudicado dos contratos que permiten que haya más de 650 personas de apoyo trabajando en los controles que realiza Sanidad Exterior desde el 1 de julio. Este importante refuerzo permite prestar el servicio en los 26 aeropuertos que inicialmente reciben vuelos internacionales.
Esta cifra se irá adaptando en función de las necesidades. El total de personas contratadas por Aena supera el millar, de las cuales 402 son profesionales sanitarios.
Para facilitar los controles de temperatura se han desplegado 219 cámaras termográficas.
