EL FARO
La vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal de Motril señala que la nueva regulación por metros cuadrados asfixia al comercio local y desmiente que la Ley 7/2022 obligue a eliminar las bonificaciones a los autónomos
Menmi Sáez, vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal de Motril, ha denunciado el impacto económico que la nueva regulación de la tasa de basura industrial está causando sobre los pequeños comercios y autónomos de la ciudad, con incrementos en los recibos que oscilan entre los 200 y los 1.200 euros.
Sáez ha criticado que la modificación de los criterios de cálculo —fijados ahora en función de los metros cuadrados del establecimiento—, sumada a la gestión privatizada del servicio, se traduce en una presión fiscal insostenible. «¿Cuántas barras de pan o cuántos kilos de fruta tienen que vender nuestros comerciantes para hacer frente a este sablazo?», ha cuestionado la vicesecretaria municipal.
Asimismo, ha desmontado la justificación del Ejecutivo local sobre la aplicación de la Ley 7/2022, recordando lo primero que dicha normativa estatal no fue votada en contra por el Partido Popular, y que no solo no impone la retirada de ayudas, sino que habilita en sus artículos 18 y 19 reducciones y bonificaciones fiscales concretas para las pymes y comercios que apliquen buenas prácticas de gestión de residuos.
«Existe una preocupante falta de rigor, de coherencia y de responsabilidad política por parte de la alcaldesa, Luisa García Chamorro. Se eliminaron las bonificaciones de forma consciente, perjudicando a quienes cada día levantan la persiana en Motril», ha afirmado Sáez.
Por último, la vicesecretaria ha remarcado la necesidad de proteger a quienes generan empleo y sostienen la economía local, instando al Gobierno municipal a rectificar la ordenanza para evitar un quebranto mayor al tejido productivo motrileño.
