EL FARO
El Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado el martes en Consejo de Ministros, tendrá una repercusión directa en la provincia de Granada ya que contempla medidas económicas, fiscales laborales y sociales que alcanzan a totalidad de la población, con una especial incidencia en sectores que están siendo especialmente castigados por las consecuencias de la guerra de Ucrania y cuyo objetivo es, según ha señalado la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada”.
Medidas económicas y sociales
De entre las medidas económicas y sociales del Plan, la subdelegada del Gobierno en Granada ha destacado la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible, que va a suponer un ahorro de cerca de 9 millones de euros, con un impacto directo para los algo más de 550.000 conductores y conductoras de la provincia, que cuenta con un parque móvil de 727.715 vehículos entre turismos (486.500), furgonetas (cerca de 60.000), camiones (53.627), autobuses (1.201), tractores industriales (alrededor de 5.000) y motocicletas y ciclomotores.
Por otra parte, el Plan Nacional contempla el mantenimiento de la rebaja de impuestos en el recibo de la luz hasta el 30 de junio, con una reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación estará vigente hasta el próximo 30 de junio y va a repercutir a cerca de 40.000 hogares en la provincia de Granada.
Las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV), que en la provincia de Granada son algo más de 40.000, tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
Además, crecerá el número de granadinos y granadinas que se benefician del bono social eléctrico, que repercute actualmente en la provincia a unas 25.109 personas (dato de 29 de marzo. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Ayudas a sectores concretos
El Plan Nacional contiene también un paquete de incentivos para el sector del transporte, que movilizará en el país 450 millones en ayudas directas va a beneficiar en la provincia a unas 3.000 empresas de este sector. Estas ayudas se articulan en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.
Para el sector agrícola y ganadero se contemplan 362 millones de euros en ayudas directas que van a beneficiar a los 42.000 agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Asimismo, la norma aumentará la superficie para el cultivo al eliminar la obligación de barbecho y flexibilizar la diversificación de cultivos para la plantación de legumbres y cereales.
En cuanto a la pesca, se destinan 68 millones en ayudas directas, que beneficiará a la Cofradía de Pescadores de Motril, que agrupa a alrededor de 33 embarcaciones y a las otras 15 cofradías andaluzas que agrupan alrededor de 700 embarcaciones. El ahorro en combustible supondrá un ahorro en el gasto mínimo de 16 millones de euros para el conjunto de la flota nacional, que también se va a ver exonerada durante seis meses de la tasa portuaria de pesca fresca. Las empresas acuícolas también estarán exentas de abonar el canon de explotación de bienes de dominio público hidráulico en este periodo. Además, en materia laboral, las empresas pesqueras podrán acogerse a un aplazamiento en las cuotas de la Seguridad Social.
Para las empresas del sector de la construcción, la nueva norma contempla la revisión excepcional de precios por la subida de materias primas y la energía en la obra pública, así como el aumento del límite máximo de revisión del 20% al 40% del presupuesto o la consideración de la fecha de referencia en la revisión de la fecha de presentación de la oferta.
Medidas laborales y fiscales
Con el objetivo de proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público. En la provincia de Granada unos 14.300 trabajadores han estado protegidos por los ERTE desde abril de 2021, 1.198 trabajadores en el pasado mes de enero.
El paquete de medidas establece una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Hasta el momento, se han beneficiado en la provincia de Granada 12.191 empresas a las que se ha concedido 20.009 préstamos de este tipo, que suma una cantidad de1,3 millones avalados y 1,6 millones financiados.
Además, se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
