Las falsas acusaciones de las autoridades alemanas sobre las intoxicaciones por la bacteria E. Coli obviando todos los procedimientos de actuación en caso de alerta sanitaria no solo han causado gravísimas pérdidas económicas al sector hortofrutícola andaluz y español sino un gravísimo deterioro de su imagen a nivel internacional que será muy difícil reparar. En nuestra provincia la crisis también ha dejado su profunda huella con el rechazo en destino de mercancías de pepinos que han tenido que tomar el camino de regreso, con la anulación de pedidos de pepinos y del resto de los productos de campaña: melón, sandía, tomate y cherry, y con el arranque masivo de pepinos en los invernaderos. Incluso en las alhóndigas se han tenido que cancelar contratos de trabajo al no tener mercancía que recepcionar.
Los agricultores en esta crisis han estado completamente indefensos ante las conjeturas del mercado que les ha sentenciado sin pruebas. Creemos que se ha producido una vulneración de los derechos de los agricultores españoles por parte de los representantes del gobierno alemán y una actuación irresponsable al no proceder ante la alerta por los canales sanitarios oficiales de la Unión Europea, provocando ni más ni menos que un hundimiento de todo el sector hortícola andaluz. Sería necesaria la modificación de la legislación comunitaria para castigar a las personas físicas o jurídicas que incumplan los protocolos de seguridad como modo de evitar que vuelva a suceder un caso semejante, que parece apuntar más que nada a una infame estrategia comercial. La sectorial de frutas y hortalizas de la organización agraria se reunirá mañana en Madrid para analizar la situación del sector tras los graves incidentes acaecidos y planteará en ella esta propuesta, que será apoyada por la delegación de ASAJA GRANADA. Otra iniciativa tomada ya por ASAJA a nivel nacional ha sido acudir al Parlamento Europeo para que tome posición sobre la deplorable la actuación de Alemania y exponerle una queja formal, sin renunciar a ejercer planteamientos legales en otro ámbito por los daños y perjuicios provocados.
Por la magnitud alcanzada se puede considerar una cuestión de Estado el problema que se ha generado y hasta ahora ni la Ministra de Sanidad ni el presidente del Gobierno han salido a dar la cara. El Gobierno deberá actuar para esclarecerlo todo con la contundencia que no ha tenido hasta ahora, exigir las reparaciones oportunas y conseguir que el sector vuelva cuanto antes a la normalidad.
