R.E.F.
La Consejería de Transformación Económica ya ha autorizado el uso de los remanentes para infraestructuras y en los próximos días se transferirán los 61 millones del Fondo COVID para enseñanza universitaria
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades pone a disposición de la Universidad de Granada un montante de 24,34 millones de euros hasta el ejercicio 2023 para hacer frente al impacto que la pandemia ha tenido en la organización del nuevo curso académico y para llevar a cabo inversiones en infraestructuras que fomenten la actividad económica.
De ese montante, 13,17 millones proceden de la partida de 61 millones de euros del Fondo COVID dirigida a las universidades públicas para compensar el esfuerzo económico que han tenido que realizar con el fin de sufragar los gastos extraordinarios derivados del coronavirus. El uso de estos recurso se circunscribe al curso 2020-2021 y entre las iniciativas susceptibles de ser financiadas con esos recursos se encuentran la adecuación de espacios o los planes propios de becas para estudiantes con dificultades económicas sobrevenidas. También se incluyen acciones para reforzar la digitalización de los recursos docentes e investigadores y sus procesos de gestión, así como para intensificar la formación en el uso de las herramientas digitales por el profesorado y garantizar a los estudiantes la adquisición de competencias digitales.
La Junta de Andalucía hará efectiva en los próximos días la transferencia de esos 61 millones de euros dirigidos al sistema universitario público andaluz y su distribución se ha realizado en función de los estudiantes matriculados en los distintos grados, másteres y doctorados con los que cuenta cada una de las instituciones académicas. La UGR, con 52.447 estudiantes, es la segunda con un mayor porcentaje de la cartera, el 21,69%
El Gobierno central constituyó el Fondo COVID-19 con un presupuesto de 16.000 millones de euros con el fin de que los gobiernos regionales financiaran el coste de la pandemia y compensaran la reducción de los ingresos por la menor actividad económica. De ese fondo global, 2.000 millones corresponden al tramo educativo y de esa partida Andalucía dispone de 383,8 millones para educación, recursos de los que se extraen esos 61 millones.
Los restantes 11,17 millones de euros de los que dispone la UGR se enmarcan en el Plan de Inversiones de 165 millones de euros autorizado por la Consejería de Transformación Económica para que pueda ser usado hasta el ejercicio 2023 por todas las instituciones académicas andaluzas en el impulso o adecuación de infraestructuras. Estos fondos tienen la condición de remanentes de tesorería no afectados, que son los sobrantes de presupuestos con los que se dotan anualmente a las universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos, al haber obtenido mayores ingresos en el cobro de tasas universitarias.
Estos remanentes ya están disponibles una vez que la Consejería que dirige Rogelio Velasco ha aprobado los diferentes programas de inversiones presentados por cada una de las universidades. En el caso de la UGR, ese presupuesto de 11,1 millones podrá utilizarse para diferentes actuaciones, en las que pueden incluirse reformas de edificios o iniciativas relacionadas con las TIC.
Actuaciones para mejorar la calidad y eficiencia
La mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza universitaria constituye una de las prioridades de la Junta, de ahí que desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Transformación Económica ha impulsado una serie de medidas encaminadas a esa dirección. La más reciente hace alusión al abono de la deuda de 180 millones que el Ejecutivo autonómico anterior mantuvo con el sistema universitario público durante años. Con esta iniciativa, se ha logrado dotar de mayor solvencia a las cuentas de la universidades públicas.
A esta actuación se suman la autorización de uso de los 165 millones de euros de remanentes para inversiones, que constituye la mayor capacidad de gastos con esta finalidad de los últimos años; o la movilización de 136 millones de fondos públicos, a través de convocatorias para la I+D+i que permanecieron paralizadas desde 2012, que supone dotar de mayor músculo a la investigación en las universidades de los últimos diez años.
