EL FARO
La directora del IAM cree «inadmisible» que Gobierno y oposición generen dudas entre las víctimas: «El servicio se presta desde 2018 y hemos multiplicado por seis su financiación». Andalucía cuenta con un servicio de atención 24 horas, cuyo personal se desplaza al lugar de los hechos, y un programa que incluye la asistencia psicológica, jurídica y legal en el juicio
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, ha subrayado que la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual está garantizada en Andalucía a través de una batería de recursos que incluyen un servicio de asistencia 24 horas y un programa que prevé la atención psicológica, jurídica y legal durante el juicio. Asimismo, ha recriminado al Gobierno de España y a la oposición en Andalucía que «genere confusión a las mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual sobre los recursos a su disposición». «Andalucía ya presta este servicio dirigido a las mujeres a partir de 16 años», ha apostillado.
Carrión ha lamentado que «se intente confundir a las víctimas y crearles una preocupación que no es real». A este respecto, ha explicado que los centros de crisis para víctimas de violencia sexual formarán parte de la red de atención especializada, multidisciplinar y gratuita que Andalucía ha mejorado y reforzado en estos últimos años.
El Gobierno andaluz cuenta desde hace cinco años con un servicio de atención en crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, donde el personal especializado se desplaza al lugar de los hechos para acompañar a las mujeres al centro sanitario o la comisaría, y, además, ofrece apoyo psicológico y asesoramiento a las familias. «El Gobierno, a través de los fondos europeos, solo financia el edificio, pero el servicio ya se presta en nuestra tierra», ha apostillado.
Además, ha recordado que el plazo para la puesta en marcha de dichos centros cumple el próximo 31 de diciembre. «Estamos dentro de plazo», ha remarcado la directora del IAM.
La Consejería de Igualdad recuerda que el Gobierno de España ha puesto en marcha esta iniciativa sin contar con las comunidades autónomas, ni tener en cuenta la realidad y necesidades de cada región ni de sus mujeres. Además, estos centros suponen un importante gasto de mantenimiento, ya que los fondos europeos solo contemplan la financiación del edificio.
Precisamente, los programas de atención a mujeres víctimas de violencia sexual han sido mejorados y reforzados durante esta legislatura. Así, el IAM ha ampliado la cobertura de estos servicios a las mujeres a partir de 16 años. Además, se abre la posibilidad de atender también a las víctimas de 12 a 15 años, previa valoración del equipo técnico en coordinación con la Dirección General de Infancia. Asimismo, las familias que lo soliciten también recibirán asesoramiento.
Mejora de los servicios
Otra de las principales mejoras del Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual es el acercamiento del servicio a las mujeres del medio rural. A partir de ahora, la primera entrevista con las usuarias también se podrá realizar en la red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), así como en cualquier otro lugar en los casos de víctimas de violencia sexual en el ámbito rural. Antes, las víctimas tenían que desplazarse al Centro Provincial de la Mujer en las capitales de la provincia.
Además, en la prestación del servicio se incluyen los desplazamientos que fueran necesarios para el acompañamiento a las víctimas a instancias judiciales para prestar declaración, personaciones en sede judicial, así como en aquellas circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres que han sufrido esta agresión. Para ello, se cuenta con un presupuesto bianual de casi 1,8 millones de euros, lo que supone multiplicar por seis la financiación anterior durante el anterior Gobierno socialista.
El propósito del programa es dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual en las distintas instancias, apoyarla y orientarla, así como valorar su situación e informarla sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades para su recuperación de la violencia padecida.
También busca lograr que tenga la asistencia letrada necesaria para que pueda emprender acciones legales, ejercer la acusación particular y la representación procesal de las mujeres en los procedimientos penales y recursos, además de movilizar los recursos para instar la reparación del daño producido e impulsar todas aquellas medidas que implican mayor protección y prevención de la victimización previstas en la legislación actual. El servicio está conformado por más de una veintena de profesionales altamente especializadas en agresiones sexuales.
