José Manuel González/EL FARO
Así lo denuncia este sindicato, indicando que en Granada se ven afectados por la decisión de la Junta de Andalucía alrededor de 1.200 personas, y en la Costa, más de 200 familias
UGT siempre fue cauta en el análisis del Decreto Legislativo que promulgó la Junta de Andalucía para el sector de colectividades, dada la falta de claridad. «Nuestros temores no fueron infundados», señala Leonor Velasco Contreras, del Sindicato de Restauración Colectiva FESMC UGT Andalucía.
Empresas de todos los ámbitos, estatales, regionales y provinciales de este sector que en primera instancia se fiaron de la administración andaluza, han visto como tanto ellas mismas como los trabajadores y trabajadores de colectividades han sido dejados de la mano de la Junta de Andalucía.
«Mediante instrucciones de normas de facturación a sus proveedores, comprobamos desde este Sindicato la clasificación de trabajadores de primera y segunda categoría, ya que la Junta de Andalucía sólo permitía la facturación de Monitoras y Monitores cuyo contrato fuera de servicios», subraya Velasco Contreras.
Desde UGT desean recordarle al presidente de la Junta de Andalucía, que «todos estos contratos son de servicios: por Directiva Europea había que adaptar todos los contratos de la Administración pues se les estaba dando el tratamiento de contratos de concesión de forma errónea a contratos cuyos importes no superaban los 5.000.000 euros».
Cabe recordarle a la Junta de Andalucía, argumenta UGT, que los Monitores/as y Auxiliares de Colectividades, son trabajadores y trabajadoras que cuidan y están pendientes de alimentación de «nuestros niños y niñas, los que se están exponiendo al COVID 19 realizando la entrega de almuerzos y meriendas a niños y niñas en riesgo de exclusión social. Para dar este servicio, las mismas empresas ponen sus recursos económicos que en ninguno de los casos tienen certeza de cuándo y cuánto les van a pagar y la Junta de Andalucía no sólo se cuelga los galones, sino que además los abandona».
Con esta decisión la Junta de Andalucía, indican, deja desprotegidos a 15.000 trabajadores en la comunidad autónoma, cosa que no está ocurriendo en otras comunidades.
«Autónomas que sí han dado en valor el cuidado de nuestros niños y niñas. La pregunta que lanzamos desde UGT a la Junta de Andalucía, es la siguiente: ¿si no se ha podido hacerse cargo de compañeros y compañeras cuya jornada laboral en Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de Andalucía el mayor de los casos es de 2 horas, como pretende gestionar una recuperación económica en Andalucía?», manifiesta la sindicalista Velasco Contreras.
Finalmente, UGT hace constar desde el Sindicato de Restauración Social, que esta decisión tomada a la ligera por la Junta de Andalucía «no la va a dejar pasar por alto, y que tomará todas las medidas que estime oportunas para dignificar a todos aquellos compañeros y compañeras que a igual trabajo, categoría, funciones, etc… se han visto relegadas por parte de la administración».
