EL FARO
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación y la delegada territorial de Inclusión Social inauguran un curso en el Colegio de Abogados
Las mujeres víctimas de violencia de género requieren una atención especializada desde el momento de la denuncia y durante todo el proceso que va más allá del mero asesoramiento jurídico. Capacitar a los letrados y letradas del turno de oficio para ofrecer el apoyo psicológico y emocional que necesitan, sensibilizarlos para que tengan empatía con mujeres en una situación tan dura es el objetivo del curso organizado hoy en el Colegio de Abogados de Granada por las Consejerías de Justicia, Administración Local y Función Pública y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y los delegados territoriales de Inclusión Social y Justicia, Matilde Ortiz y Luis Recuerda respectivamente, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illescas, han inaugurado este curso junto al decano de los abogados granadinos, Leandro Cabrera. Estas jornadas se están celebrando en todos los colegios profesionales de Andalucía.
En el caso de Granada hay 1.056 profesionales adscritos al turno oficio (8.900 en Andalucía) de los que más de la mitad, un total de 583, forman parte del turno especializado de violencia de género (4.400 en Andalucía).
Para contar con la perspectiva de los distintos operadores jurídicos, los cursos cuentan como ponentes con profesionales de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía, ya que el objetivo es abordar los aspectos prácticos de la instrucción, el enjuiciamiento y la asistencia en los procesos de violencia de género desde la perspectiva de la víctima. En concreto, hoy en Granada han intervenido la magistrada Aurora Angulo (titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2), la fiscal delegada de Violencia de Género, Susana Vega y la presidenta del Grupo de Violencia de Género del Colegio de Abogados, María José Adán-López.
Las Consejerías de Inclusión Social y de Justicia colaboran estrechamente en la lucha contra la violencia de género.
Recientemente han suscrito un protocolo para mejorar la coordinación entre los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Además, el director general de Justicia Juvenil y Cooperación ha recordado que “desde la Consejería de Justicia hemos atendido una vieja demanda de los colegios y, por primera vez, hemos habilitado este año 7.300 guardias especializadas en violencia de género”.
También ha destacado las actuaciones en las sedes judiciales para habilitar espacios separados que eviten que las víctimas se encuentren con los agresores y salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas a mujeres y menores para que no tengan que revivir varias veces durante un proceso situaciones dolorosas. Con cargo a los fondos del Pacto de Estado está previsto equipar de salas Gesell los juzgados de Santa Fe, Baza y Almuñécar y habilitar salas de espera independientes y separadas en el edificio de Caleta de la capital.
Por su parte, la delegada de Inclusión Social y la coordinadora del IAM han señalado que la formación especializada a los abogados del turno de oficio responde a una demanda que surge en las Comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género, que se reactivaron a finales de 2022 después de años sin reunirse. En la misma se da a conocer a los profesionales la red de recursos del IAM y de otras consejerías para atender a las víctimas, ya que la lucha contra esta lacra social es una política transversal del Gobierno andaluz.
Han recordado que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad también va a poner en marcha en noviembre una formación para el personal especializado del IAM y el SAVA para mejorar la coordinación entre ambas instituciones y poner en funcionamiento el nuevo Protocolo. Además, se ha formado a más de medio millar de profesionales del IAM y de la red pública de adicciones de la Consejería de Salud y Consumo para implantar a finales de año el Protocolo para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género.
