Los ayuntamientos integrados en el acuerdo contarán entonces con una herramienta útil para elaborar sus planes contra el calentamiento global
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a citar el próximo mes de enero a los primeros ediles integrados en el conocido como Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía con el fin de mostrar por primera vez el visor de los escenarios locales de cambio climático, una herramienta con la que los ayuntamientos podrán contar para elaborar sus respectivos planes municipales contra el calentamiento global, tal y como recoge la Ley Andaluza de Cambio Climático.
La Junta de Andalucía presentará a los alcaldes dicho visor de escenarios climáticos locales, que ya se encuentran definidos y que cuentan con hasta 32 variables climáticas para un amplio horizonte temporal.
En Andalucía, el 70% de los municipios se encuentra adherido al Pacto de los Alcaldes que auspició en su día la Unión Europea. Esta organización mantuvo el pasado mes de octubre un encuentro a nivel nacional en Málaga, donde intervino el secretario general de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Francisco Gutiérrez, que incidió en la contribución que las entidades locales pueden realizar contra el calentamiento global.
La Junta de Andalucía considera clave el papel de las entidades locales en los desafíos medioambientales, ya que la ley aborda cuestiones que tienen mucho que ver con los municipios, puesto que éstos estarán obligados a elaborar y a aprobar los planes municipales contra el cambio climático, complementarios al Plan Andaluz. Entre otros objetivos fundamentales se encuentra la descarbonización que marca la ley, ya que las medidas deben enfocarse, entre otros asuntos, a promover energías renovables para que se pueda aportar con ellas, al menos, el 35% del consumo final bruto de energía. Ademas, la ley obliga a los ayuntamientos a contemplar en esos planes municipales cuestiones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero o la identificación de elementos vulnerables en los municipios al cambio climático, entre otras cuestiones.
De esta forma, la Consejería de Medio Ambiente continúa avanzando con paso firme en el desarrollo de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, aprobada por unanimidad por el Parlamento andaluz. De hecho, ya se encuentra prácticamente finalizada la creación de la comisión interdepartamental, al tiempo que se están redactando también las memorias preceptivas para la tramitación del Consejo Andaluz del Clima.
Plan de acción y medición de huella de carbono
La Consejería, que continúa muy pendiente de la nueva normativa estatal pues, entre otras cuestiones, la regulación energética es competencia exclusiva del Estado, ya está impulsando también el principal instrumento para el desarrollo de la ley, como es el Plan Andaluz de Acción por el Clima, del que dependen programas de adaptación, mitigación, comunicación y participación y en el que se fijarán las líneas estratégicas de actuación a corto, medio y largo plazo.
Dada la trascendencia de este plan, la Junta de Andalucía quiere esperar a las conclusiones que se deriven de la Cumbre COP 25, que se celebra estos días en Madrid, y conocer las previsiones del nuevo Gobierno central que se conforme, que tiene la obligación de elaborar una ley de cambio climático para toda España. Aún así, cumplirá con los plazos que marque la ley andaluza y llevará a Consejo de Gobierno el acuerdo de formulación del plan en las primeras semanas de enero.
De forma paralela a la redacción del Plan Andaluz por el Clima, la Consejería de Desarrollo Sostenible está dando ya los primeros pasos para medir la huella de carbono de este departamento de la Junta, al tiempo que está desarrollando un proyecto piloto para la redacción de los planes municipales contra el cambio climático con carácter previo a la redacción de los decretos que deben regularlos. Se pretende con esta iniciativa prever las dificultades a las que se enfrentarán los municipios en la redacción de los mismos, tales como dimensionar los requerimientos a exigir en función de determinados parámetros variables (población, localización, vulnerabilidad al cambio climático, etcétera).
