R.E.F.
Ante la situación que se vive por las profesionales de la prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD)
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha solicitado hoy, a través de su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación delimite claramente el establecimiento de los servicios mínimos en el Servicio de Ayuda a Domicilio, ya que las entidades locales son “meras gestoras de esa prestación”, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a la Junta de Andalucía por recaer en el ámbito de sus competencias.
En una carta dirigida a la titular de la Consejería de Igualdad, Villalobos explica que “a petición” de los responsables de las diputaciones provinciales y ante la situación que estamos viviendo motivada por el coronavirus, le insta a que “ urgentemente ponga en marcha las medidas materiales y económicas y los protocolos de actuación necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades que requiere la prestación del servicio de ayuda a domicilio, ante el gravísimo momento que está viviendo el personal adscrito al SAD, para su debida protección y la de las personas usuarias, en base a la situación de emergencia existente”.
Según el criterio de la FAMP, “resulta imprescindible la indicación por parte de la Consejería del establecimiento de los servicios mínimos aludidos para que los ayuntamientos, como entidades gestoras, reciban las instrucciones oportunas, ya que las personas usuarias de la ayuda a domicilio son las que la Junta de Andalucía nos remite a través de convenio, lo que garantiza la igualdad de la ciudadanía sin distinción del lugar de residencia, de ahí que esperamos la indicación acerca de qué usuarios deben seguir recibiendo el servicio”.
Además de solicitar un plan “claro y bien delimitado desde la Consejería, que es la que tiene las competencias del SAD, en el que se especifiquen las medidas de prevención para el personal y las instrucciones de cómo gestionar e implementar las mismas.”
Villalobos ha solicitado “el suministro de los equipos de protección individual (EPI), mascarillas quirúrgicas de doble o triple capa, guantes y batas de un solo uso, a la mayor brevedad posible para garantizar y salvaguardar la salud pública, la salud de todas las personas usuarias y las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio..
En esta carta, el presidente de la FAMP también ha puesto el acento en que la Consejería de Igualdad esté muy atenta “a las personas más vulnerables (mayores y población en situación de riesgo y/o exclusión social); así como a la población infantil a la hora de arbitrar los recursos necesarios que permitan sufragar el catering domiciliario y el del refuerzo alimentario de los escolares vulnerables”.
“Cuando se trata de la salvaguarda de la salud pública, la contención del virus y la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible, la coordinación y la lealtad institucional deben primar por encima de cualquier otro asunto”, ha concluido Villalobos.
