La víctima, motrileña de 18 años de edad, murió apuñalada el 12 de abril del pasado año
La familia de la joven de 18 años, Marina, que murió apuñalada el 12 de abril de 2021 en un cortijo de Motril, presuntamente a manos de su novia, después de que le transmitiera su decisión de poner fin a la relación, ha solicitado que la acusada sea condenada a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, según Europa Press.
En el escrito de acusación provisional de la familia, que está personada como acusación particular, se hace alusión a la especial vulnerabilidad de la víctima, dado que la acusada “casi le doblaba la edad” y durante el tiempo que duró la relación presuntamente le dispensó “un trato vejatorio y violento, aprovechando la diferencia de edad e inmadurez de esta para anularla familiar y socialmente, aislándola, no sólo, de sus amistades, sino también, y principalmente de su madre y sus cuatro hermanas”, según ha tenido acceso Europa Press.
“Harta de dicha situación y estando en el domicilio que ambas compartían” la víctima puso en conocimiento de su pareja su decisión de dar por finalizada la relación, “así como su intención de denunciarla por los continuos maltratos recibidos de aquella” y, según la acusación particular, fue en ese momento, sobre las 13,00 horas, cuando la acusada “cogió un cuchillo de la cocina con el que le asestó, al menos, trece puñaladas, con la intención, no solo de darle muerte sino también provocarle un daño innecesario y cruel”.
Según el relato de la acusación, luego habría trasladado el cuerpo hasta el dormitorio y limpiado “escrupulosamente con lejía toda la vivienda”. Posteriormente contactó con un amigo, que también está acusado en la causa, y supuestamente le pidió ayuda para “deshacerse del cadáver”, aunque no localizaron ningún sitio para hacerlo.
Según se detalla en el escrito, que avanza el diario Ideal, durante aquella tarde del 12 de abril la acusada, haciéndose pasar por la víctima, hizo supuestamente uso del teléfono móvil de la fallecida, enviando varios whatsapps al jefe y al compañero de trabajo “excusándose, con el pretexto de estar enferma por no haber ido a trabajar ese día” y avisó de que “no se reincorporaría a su puesto, ya que se marchaba de Motril a vivir con su pareja sentimental”.
Finalmente, la acusada se personó en las dependencias de la Policía Nacional de Motril para entregarse y relatar “de manera sesgada” -según la acusación-, cómo sucedieron los hechos.
La acusación particular solicita para el otro procesado dos años de prisión por un delito de encubrimiento y junto a ello reclaman que la principal acusada indemnice con un total de 163.000 euros a la madre y a las cuatro hermanas de la víctima, y que se imponga la prohibición de comunicarse con ellas o acercarse a menos de 500 metros durante 10 años.
