EL FARO
Las familias en riesgo de pobreza energética, la planificación de los sistemas de energía y la atención sanitaria y los servicios sociales, entre los temas trasladados por el Defensor del Pueblo andaluz en su reunión con el delegado del Gobierno en Granada
El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha trasladado hoy las principales preocupaciones trasladadas a su Oficina por la ciudadanía de la provincia de Granada al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, entre las que ha destacado la situación de las familias en riesgo de pobreza energética; la planificación de los sistemas de energía; y la atención sanitaria y de servicios sociales que se dispensa en la provincia granadina.
En una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Granada, Pablo García, el Defensor del Pueblo andaluz se ha vuelto a interesar por la situación de los cortes de luz en la Zona norte de Granada capital y otros municipios de la provincia, “y ha pedido un paso más”. Desde 2015 y en diversas ocasiones el Defensor se ha interesado por la situación de las personas afectadas; ha visitado domicilios y espacios públicos como centros sanitarios y educativos para comprobar in situ estas deficiencias en el suministro; ha tramitado las quejas de los particulares, y ha impulsado reuniones de la Mesa destinada a resolver este problema. Ahora el Defensor ha solicitado “coordinación” y la posibilidad de que un equipo técnico coordine las medidas que se acuerden. En este sentido, el Defensor ha propuesto en una reciente actuación de oficio una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía.
Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, ha afirmado que desde la administración andaluza “no hemos cejado en nuestro empeño de acabar con uno de los problemas más oscuros e inhumanos a los que se enfrenta la provincia”.
Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha llamado la atención sobre el estado de la situación energética, que está teniendo consecuencias como el constante incremento del coste de la luz. Jesús Maeztu ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética. Desde hace unas semanas, este comisionado parlamentario ha estado reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.
“Quiero insistir en que la resolución de este problema es una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía. Éste no es un problema de una empresa ni de una administración concreta, es una situación de emergencia que debe tener una respuesta de calado mediante una actuación conjunta de todas las administraciones. Pedimos, por tanto, dejar a un lado la polémica política, y tratar de buscar soluciones y actuar conforme nos corresponde en el marco de nuestras competencias, como está haciendo desde el primer día la Junta de Andalucía”, ha expuesto, a su vez, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, quien ha apostillado que “nos une un mismo objetivo. Acabar con la pesadilla de ver a las familias que pagan su recibo de la luz sin suministro”.
En este ámbito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. Maeztu ha informado al delegado provincial de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa. En este sentido se ha referido a la situación de la línea de alta tensión entre Baza y Caparacena, proyecto que ha despertado protestas por parte de algunos sectores.
Jesús Maeztu ha avanzado que en el próximo mes de octubre un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará a las comarcas de Baza y Guadix, donde se atenderá personalmente a los vecinos y vecinas de estas localidades que así lo soliciten y se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.
En este apartado, Pablo García ha afirmado que la apuesta por las plantas fotovoltaicas o eólicas lleva aparejada, sin duda, una mayor competitividad y generación de empleo en las zonas donde se instalan, especialmente afectadas por la despoblación. “Hablamos de desarrollo y de mejora en la calidad energética que ofrecemos a los ciudadanos, con una fuente de energía limpia, segura y eficiente”, ha aseverado el delegado granadino.
Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha incluido entre los temas de trabajo la atención sanitaria que se dispensa en la provincia, siendo Granada una de las provincias andaluzas que mayor interés preocupación muestra sobre los temas relacionados con la salud. Como en otras provincias, el Defensor ha señalado que se mantiene por parte de la ciudadanía la misma percepción de desatención en la atención primaria, con quejas desde Granada capital, Santa Fe, Cúllar Vega, Alhaurín el Grande, Motril o Armilla, entre otros.
Respecto a la atención sanitaria, el delegado de la Junta en Granada ha destacado la importantísima labor de la Atención Primaria, con todos los centros de salud abiertos y más del 60 por ciento manteniendo su actividad por la tarde.
“Una vez que la pandemia vaya disminuyendo su incidencia nos permitirá ir aumentando la atención sanitaria presencial, contando con la atención telefónica para aquello que sea adecuado y que permita mayor eficiencia en la gestión y menor riesgo sanitario, pues aún estamos en pandemia”, ha avanzado.
En cuanto a los servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que la principal razón de las peticiones de la población de la provincia, en lo que se refiere a la renta mínima de inserción social, se fundan en las dilaciones en la gestión y resolución de procedimientos, en torno a los diez meses, ha apuntado . Por su parte las dilaciones en la valoración de la discapacidad del Centro de Valoración y Orientación de la provincia supera los 18 meses para la valoración de la discapacidad cuando el plazo legal máximo es el de seis meses.
“Sin duda, la delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es la que está siendo más cercana y comprometida con el ciudadano, con ayudas y políticas directas encaminadas a la mejora de su día a día. Y una buena muestra son los 170.000 granadinos y granadinas que se han beneficiado de las políticas sociales puestas en marcha por la Consejería de Igualdad. Creo que es posible una Andalucía y una Granada más moderna, más justa e igualitaria”, ha apuntado, por su parte, el delegado de la Junta, Pablo García.
La salud, el medio ambiente y los servicios de interés general (consumo) han sido -tras los problemas planteadas por el personal del sector público- los asuntos que más actuaciones están motivando la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en la provincia de Granada, más de 800 quejas gestionadas y 750 consultas atendidas en lo que va de año, en total, más de 1.500 actuaciones.
