EL FARO
«Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, el momento de destacar el principal motivo de generación de pobreza y exclusión actualmente en España»
Ante el aumento desmesurado del precio de las viviendas de alquiler, Izquierda Unida exige al Partido Popular en la Junta de Andalucía la toma de medidas que hagan bajar el precio y permita a las familias y sobre todo a las personas jóvenes el poder acceder a una vivienda en alquiler o propiedad.
Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, el momento de destacar el principal motivo de generación de pobreza y exclusión actualmente en España. El precio de venta de las viviendas ha subido un 30,4%, pero si se observa el dato por zonas, en los distritos de clases más altas ha subido algo más de un 8% mientras que en los barrios obreros lo ha hecho más de un veinte. El incremento del precio de la vivienda se está cebando con los barrios más pobres de la ciudad, aquellos a los que acuden las personas jóvenes o de bajos ingresos en busca de una primera vivienda, de modo que son precisamente las capas más desfavorecidas las que más sufren este encarecimiento de unas viviendas cada vez más inaccesibles.
Según la formación de izquierdas, por otro lado, con datos del Instituto Nacional de Estadística, en la ciudad de Granada hay casi doce mil pisos vacíos, un 8,4% del total de viviendas, mientras el precio del alquiler ha subido en el último año un 12%, llegando a 9,92 euros el metro cuadrado. Esto significa que un piso de 90 metros cuadrados de media cuesta 892,8 euros al mes, algo totalmente inasumible por una familia trabajadora o para una persona joven que quiera emanciparse. Al Ayuntamiento de Granada, añaden, “le pedimos, entre otras medidas, un incremento notable del IBI a las viviendas que se encuentren deshabitadas, la puesta en uso de las más de 40 viviendas de propiedad municipal que están desocupadas, algunas desde hace más de una década y el aumento del parque municipal de viviendas de alquiler”. La puesta en marcha de estas actuaciones, sin duda redundaría en la disminución del sinhogarismo en nuestra ciudad.
La subida del precio de alquiler de viviendas tiene relación directa con el aumento de los pisos turísticos, por eso esta formación política ve con buenos ojos, como primera medida, la paralización de las licencias de este tipo de usos de las viviendas de nuestra ciudad.
Respecto a la Junta de Andalucía, que es la administración con mayor número de viviendas de titularidad pública y con mayores competencias en la materia, Izquierda Unida Granada le solicita que agilice los procedimientos para dar salida a las casi 200 viviendas en régimen de alquiler social que se encuentran vacías, a la vez que ponga en marcha fórmulas para que también se pongan en uso las viviendas en régimen de venta que tienen desocupadas.
La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, se siente indignada ante la situación y la inacción del gobierno de la Junta de Andalucía a la hora de aplicar una Ley de Vivienda que, existiendo, no la pone en marcha perjudicando a cientos de miles de jóvenes en toda la provincia en su acceso a una vivienda en condiciones dignas. Todo esto con la connivencia del Ayuntamiento de Granada, gobernado por el mismo partido político. Tanto Junta de Andalucía, como Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial y Administración Central disponen en nuestra ciudad de viviendas; por ello sería necesario establecer mecanismos de coordinación entre administraciones para mejorar la eficacia en la gestión de este bien tan esencial para la ciudadanía como es la vivienda.
Según Izquierda Unida la vivienda ha pasado de ser un derecho reconocido en la Constitución a un negocio muy lucrativo para los especuladores y por lo tanto privativo para una parte muy importante de la población que ve como el sueño de tener una vivienda propia o independizarse de la casa familiar es una meta inalcanzable.
La especulación con el precio de la vivienda ya sea de alquiler o compra ha llamado a los grandes fondos de inversión y a los bancos que ven en ello una forma fácil de ganar grandes beneficios aun a costa del sufrimiento de las familias, por eso Izquierda Unida pide a las administraciones competentes que expropien las viviendas en manos de los bancos y de los fondos de inversión declarándolas de utilidad pública y aumentando así el parque de viviendas sociales dedicadas al alquiler a unos precios módicos.
Para Izquierda Unida la solución dada por el Gobierno Central del bono de alquiler no es válida pues supone trasvasar dinero público al bolsillo de los especuladores, lo eficaz y justo es “frenar el precio de los alquileres”, añaden.
