EL FARO
Reclaman que se realice con urgencia la comprobación y análisis de las cuentas de la empresa concesionaria del servicio
A partir del estudio del Informe de la Intervención del Ayuntamiento, donde se analiza el estado económico real del consistorio, la edil Inmaculada Omiste ha reclamado que se realice con urgencia la comprobación y análisis de las cuentas de la empresa concesionaria del servicio de la Zona Azul, y denuncia «la dejadez por parte del equipo de gobierno ante los reiterados avisos del Interventor municipal».
Desde el presupuesto del año 2021/22, Intervención viene informando de la necesidad de realizar una auditoría sobre la concesión, es decir una comprobación pormenorizada de las cuentas de recaudación de la empresa y no darse directamente por válida la documentación que aporta, lo cual no se ha hecho desde su concesión. De este modo, al Ayuntamiento de Motril le cuesta dinero año tras año al declarar la empresa el servicio como deficitario, llegando en el último lote al millón de euros, señala Omiste.
El servicio de Zona Azul, que en otras ciudades supone una importante fuente de recaudación para las arcas municipales, en Motril supone un pago doble, por parte de la ciudadanía al estacionar y al Ayuntamiento, al tener que pagarle cada año los beneficios que la empresa dice no percibir y que tiene asegurados como garantías de recaudación por la cláusulas del contrato, argumenta.
Además, «en los presupuestos municipales, se reflejan unos ingresos procedentes de la Zona Azul, que debido a esta situación no se vienen percibiendo, alterando así la realidad de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento».
No solamente es necesaria la auditoría para verificar que el estado de la concesión es realmente deficitaria, sino también para no dejar que prescriba la deuda de la empresa y perder los posibles ingresos que la ciudad de Motril podría percibir e invertir de nuevo en los vecinos y vecinas, ha denunciado Inma Omiste, portavoz del Grupo Municipal de IU Verdes Equo.
Omiste ha reiterado la necesidad de comprobar la veracidad de las cuentas y documentación aportada por la empresa concesionaria y en cualquier caso, estudiar y adoptar las medidas necesarias para que el servicio no sea un coste permanente para la ciudad y cumpla su función recaudatoria.
