EL FARO
La formación propone que parte de los ingresos provenientes del Patrimonio Municipal de Suelo, que en 2024 fueron alrededor de un millón de euros, se destinen a la creación de una línea de subvenciones para sufragar el coste del Informe de Evaluación de Edificios para propietarios con mayores dificultades económicas
El derecho a una vivienda digna y adecuada no es una declaración simbólica, sino un mandato recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y a regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general.
En Motril, el Plan Municipal de Vivienda 2018-2027 fue aprobado como un instrumento estratégico y operativo para impulsar la vivienda protegida, fomentar la rehabilitación, mejorar la eficiencia energética y elevar la calidad de vida de la ciudadanía bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, argumenta Inmaculada Omiste, portavoz de IU.
Asimismo, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, establece que los ingresos derivados del Patrimonio Municipal de Suelo deben destinarse, entre otros fines, a actuaciones de mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación urbana, así como a la eficiencia energética y accesibilidad de las edificaciones.
Sin embargo, IU denuncia que actualmente estos recursos no se están destinando a facilitar el acceso a la vivienda ni a la rehabilitación del parque residencial existente en el municipio. Estos ingresos tienen precisamente una finalidad social vinculada a la política de vivienda y deben tener como destino prioritario facilitar el acceso a la vivienda y mejorar, conservar, mantener o rehabilitar el parque residencial existente.
Por ello, la concejala Inmaculada Omiste considera urgente que el Ayuntamiento impulse actuaciones concretas en materia de vivienda, cumpliendo con el espíritu y la finalidad para la que estos recursos fueron concebidos.
La formación propone que parte de los ingresos provenientes del Patrimonio Municipal de Suelo, que en 2024 fueron alrededor de un millón de euros, se destinen a la creación de una línea de subvenciones para sufragar el coste del Informe de Evaluación de Edificios para propietarios con mayores dificultades económicas. Este informe, obligatorio desde el año 2013, certifica el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios o viviendas unifamiliares de más de 50 años.
Actualmente, el coste de este informe debe ser asumido por los propietarios independientemente de su capacidad económica, sin que existan ayudas públicas específicas para afrontar este gasto. Esta situación supone, según Omiste, una carga injusta para muchas familias, especialmente personas mayores y hogares con rentas bajas.
La moción presentada por IU propone:
Para IU, garantizar el derecho a la vivienda implica pasar de las palabras a los hechos. Motril necesita una gestión responsable y eficaz del Patrimonio Municipal de Suelo, alineada con la legalidad vigente y orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
