R.E.F.
Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de la Comarca de la Costa de Granada se han sumado hoy en Motril a la iniciativa de esta formación para movilizar a los pueblos de la provincia contra la medida financiera que regula la cesión al Estado del remanente de tesorería adoptada por el Ejecutivo central. Los ‘populares’, a través de la portavoz del grupo Popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, consideran que la medida es “un ataque a la autonomía municipal”, “inconstitucional”, “ilegal” e “inmoral” y, con la que el Gobierno de Madrid, pretende “pagar la factura de su malísima gestión”.
Hernández ha asegurado que su formación va a ir “comarca a comarca” para reivindicar “lo que legítimamente es nuestro”. Hernández ha acusado al Gobierno central de haber “abandonado” a los ayuntamientos durante la gestión de la crisis sanitaria, pese a que las distintas administraciones locales han tenido que asumir competencias impropias para hacer frente a la pandemia con sus “escasos recursos”. La también alcaldesa de La Zubia ha asegurado también que el gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha aprovechado el mes de agosto para preparar “el mayor ataque a la autonomía municipal”, con el que va a pagar “su mala gestión” y “sus decisiones erróneas y erráticas” en materia sanitaria y económica. Inmaculada
Hernández ha reprobado al Ejecutivo central que, “en vez de ayudar a los ayuntamientos, meta la mano en el cajón” para apropiarse de “los ahorros” de cada administración local, que “son pagados con el dinero de los vecinos y que tienen que revertir en la mejora de las infraestructuras de los pueblos”. La portavoz ‘popular’ ha explicado además que el fondo de 5.000 millones del Gobierno central para las administraciones locales es una “propuesta envenenada”, al estar condicionada al préstamo de los remanentes de tesorería de los municipios que no serían devueltos hasta transcurridos quince años. Hernández ha calificado esta situación de “chantaje” del Gobierno central a los ayuntamientos, al considerar que “si no pasamos por el aro y le prestamos nuestros ahorros, no tenemos derecho a ni un céntimo de euro de los fondos que ha recibido de Europa”.
La alcaldesa de Motril y vicepresidenta del Partido Popular motrileño, Luisa García Chamorro, ha reprochado al Partido Socialista lo que ella considera como una “vuelta a las andadas” al “dinamitar y ‘cargarse’ el consenso que siempre ha existido en la Federación Española de Municipios y Provincias y la autonomía local”. García Chamorro ha destacado que la pérdida de confianza de los alcaldes españoles en la FEMP por haberse convertido en “un instrumento político” al servicio de “la política del Gobierno central en contra del Partido Popular”. La primera edil motrileña se ha dirigido expresamente a los vecinos de su municipio “para que sepan lo que pretende hacer el Gobierno central con el dinero del Ayuntamiento de Motril”. García Chamorro ha explicado que el Consistorio motrileño se ha mantenido durante catorce años con remanente negativo de Tesorería y con planes de ajuste, fruto de la “nefasta gestión de gobierno socialistas anteriores” y que ha afectado a gobiernos municipales posteriores de distintos colores políticos, tanto del PSOE como del PP.
La alcaldesa ha añadido que el plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento motrileño ha impedido hacer inversiones en el municipio y mejorar la calidad de los servicios públicos por la imposibilidad de contratar nuevo personal para cubrir las plazas vacantes por jubilación. En el último ejercicio presupuestario, Motril -por primera vez en catorce años- liquidó sus cuentas con un superávit presupuestario y un remanente positivo cercano a los 400.000 euros que iría destinado a la amortización de la deuda municipal, un dinero que –según ha explicado la alcaldesa- “es de los motrileños” y que “el señor Sánchez pretende quitarnos”.
García Chamorro ha instado al Partido Socialista de Motril a pronunciarse sobre la decisión adoptada por “su jefe en Madrid” de “quedarse con los 400.000 euros que pertenecen a Motril” y “tirar por la borda el esfuerzo económico que hizo el anterior gobierno local, liderado por el PSOE” para sanear las cuentas del Consistorio. La primera edil motrileña ha recordado que la medida financiera del Gobierno central ha recabado la oposición de ayuntamientos de todos los colores políticos, en contra de la intención del PSOE de presentar el asunto como una nueva confrontación del Partido Popular. “No vamos a permitir que el Gobierno de España juegue con el dinero de nuestros vecinos”, ha dicho.
El alcalde de Otívar, Francisco Robles, ha expresado el “malestar” de todos los alcaldes de la Comarca contra el Real Decreto-Ley 27/2020 de medidas financieras de aplicación a las entidades locales que regula la cesión al Estado del remanente de tesorería. A juicio de Robles, esta norma permite que el Gobierno central “se apodere del superávit de los ayuntamientos”, una situación inédita e “inconstitucional”. El alcalde otiveño ha asegurado que “no es normal que el Estado se lleve el dinero de los vecinos”, obtenido por “la buena gestión de un alcalde” y no ha dudado en calificar la medida adoptada por el Ejecutivo central como “un atraco” y “un robo a mano armada”.
