La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG GRANADA, considera que no podía acabar mejor el año para los agricultores del litoral de Albuñol y celebra que la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada haya dictado un auto por el que se paraliza la demolición de los invernaderos, suspendiendo la ejecución del acto administrativo que ordenaba el desahucio.
Miguel Monferrer, Secretario Provincial de COAG Granada, considera que el auto constituye un reconocimiento por parte de la justicia de una situación que esta organización agraria ha venido reivindicando a través de informes, reuniones y actos reivindicativos desde el año 2003 a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y de Mar y que, finalmente ha tenido que ser los Tribunales los que pongan “las cosas en su lugar”, al menos hasta que no se sustancie el recurso contencioso administrativo interpuesto por los afectados.
Monferrer, quiere reseñar que los agricultores afectados y COAG Granada nunca se han opuesto al desalojo y desde el principio han solicitado que se realizara un proyecto de actuación integral para la zona en el que se ejecutaran obras de espigones, una escollera reforzada para proteger el litoral de Albunol y un paseo marítimo, así como que se indemnizara a los agricultores afectados por las inversiones realizadas, pero debido a la situación de crisis actual y al no haber ninguna actuación prevista para la zona, lo más justo es que los agricultores continúen cultivando sus fincas ya que como señala el Tribunal Superior de Justicia “se ha tenido en cuenta la antigüedad de las explotaciones, el elevado número de afectados y el asentamiento de empresas ligadas a los invernaderos que directa o indirectamente suponen el sustento económico de numerosas familias, de modo que en este caso debe ceder el interés público en la recuperación de los bienes frente al interés de una parte de la población…” además de considerar la “irrecuperabilidad de las fincas una vez que el terreno desaparezca o se deteriore por la acción del mar”, todo ello ha conllevado a que el Tribunal ordene la suspensión de la demolición.
Rerdemos que algunos agricultores son poseedores de dichas fincas con el consentimiento de la Administración que incluso concedió ayudas públicas para las inversiones desde hace más de treinta y ocho años, ya que se trata de terrenos que se ganaron al mar a consecuencia del desbordamiento de la Rambla que se produjo en la riada que en el año 1973 que causó cuantiosos daños materiales y lo que es más lamentable, la muerte de algunos de sus vecinos.
