EL FARO
Los socialistas sexitanos consideran que la sentencia que obliga al Ayuntamiento a devolver 9,8 millones de euros más los intereses acumulados durante casi veinte años debe servir para revisar una forma de gestionar el urbanismo con enfrentamientos políticos y proyectos de PGOU que nunca han llegado a culminar
El candidato socialista a la Alcaldía, Josué Díaz, considera que “a estas alturas importa mucho menos saber quién consigue colocar toda la culpa al adversario como explicar cómo hemos llegado hasta aquí y garantizar que no se vuelva a repetir. Los gobiernos pasan, pero las decisiones permanecen. Y cuando se gobierna pensando en la siguiente elección y no en los próximos veinte años, las consecuencias terminan pagándolas los vecinos: la negligencia de unos y otros la pagaremos los ciudadanos, una deuda de 20 millones hasta 2039”.
El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha valorado la situación económica generada por la sentencia firme relacionada con el convenio urbanístico de Torre Galera, que obliga al Ayuntamiento a devolver los 9.866.615 euros que recibió de la promotora, más los intereses legales acumulados durante casi dos décadas, un total de 20 millones. El convenio estaba vinculado a una revisión del PGOU que nunca alcanzó la aprobación definitiva.
Los socialistas recuerdan que el origen del problema se remonta al convenio firmado durante el mandato de Juan Carlos Benavides y que Convergencia y PP respaldaron en 2007 con la aprobación provisional del PGOU al que estaban vinculados numerosos convenios urbanísticos, entre ellos el de Torre Galera. Ruiz Joya ya formaba parte del aparato del PP.
El PSOE cuestionó entonces la viabilidad de aquel planeamiento y su portavoz, Rocío Palacios, advirtió públicamente de los riesgos económicos derivados de anticipar ingresos vinculados a desarrollos urbanísticos cuya aprobación definitiva no estaba garantizada.
Posteriormente, en 2015, ya como concejal de la corporación municipal y formando parte del equipo de gobierno del PP, Ruiz Joya denunció el Convenio Torre Galera sin analizar el daño que suponía postergar la devolución de las cantidades abonadas por la promotora de Torre Galera (9,8 millones). “En aquel momento, aquella decisión de ir a los tribunales nos costó 10 millones de euros adicionales a los almuñequeros y herradureños, por los intereses y costas judiciales”, ha declarado Díaz.
Para Díaz, sin embargo, “convertir ahora aquello en otra batalla entre PP y Convergencia Andaluza sería repetir exactamente uno de los errores que nos han traído hasta aquí”.
“Unos impulsaron aquellos convenios, otros respaldaron en momentos decisivos aquel planeamiento y después las mayorías políticas cambiaron, los planes se paralizaron o se sustituyeron y comenzaron los pleitos. Casi veinte años después, quienes reciben la factura son los vecinos de Almuñécar y La Herradura”, ha explicado.
El candidato socialista considera que Torre Galera debe servir para abrir una reflexión más profunda sobre la gestión municipal: “no podemos seguir gobernando una ciudad pensando únicamente en resolver las urgencias electorales de un partido o las estrategias de desgaste contra el adversario político. Administrar un Ayuntamiento exige medir las consecuencias económicas, jurídicas y territoriales de las decisiones a diez, quince o veinte años vista”.
“Entre unos y otros, la casa sin barrer”
Para el PSOE, el caso Torre Galera tampoco puede separarse de la historia reciente del planeamiento urbanístico de Almuñécar. El PGOU que continúa sirviendo de referencia fue aprobado en 1987 y desde entonces se han sucedido hasta tres intentos fallidos de revisión y redacción de nuevo PGOU.
“Entre unos y otros, la casa sin barrer”, ha resumido Díaz. “Llevamos décadas hablando del nuevo PGOU. Hemos visto documentos que se anuncian, se aprueban inicialmente, se modifican, se paralizan, se abandonan o vuelven a aparecer años después, siempre cuando toca campaña electoral. Mientras los partidos discutían sobre el plan de unos y el plan de otros, Almuñécar y La Herradura han llegado a 2026 dependiendo todavía de un planeamiento nacido hace casi cuarenta años”.
El PSOE considera que esta situación refleja “una irresponsabilidad política acumulada durante demasiados años” y reclama abandonar la lógica según la cual cada gobierno intenta imponer su propio modelo para que el siguiente lo paralice y comience nuevamente el procedimiento. “Necesitamos menos batalla política, más planificación y un compromiso común: que en las grandes decisiones de ciudad el interés de Almuñécar y La Herradura esté siempre por encima de las siglas” ha afirmado Díaz.
Proteger los servicios municipales
La consecuencia inmediata de Torre Galera será además económica. El Ayuntamiento ha aprobado su adhesión al Fondo de Ordenación y un Plan de Ajuste que se extenderá entre 2027 y 2039 para hacer frente a las obligaciones derivadas de la sentencia.
Por este motivo, los socialistas consideran prioritario que el gobierno municipal explique con claridad el impacto real del Plan de Ajuste sobre las cuentas municipales y garantice que su aplicación no recaiga sobre los servicios públicos, las políticas sociales, las asociaciones, el deporte, la cultura, el mantenimiento de los barrios o las inversiones necesarias para Almuñécar y La Herradura.
El PSOE recuerda asimismo que existe otra resolución judicial relativa a los honorarios del anterior despacho jurídico Rafael Revelles Abogados, que reconoció el derecho a percibir 2.766.316,74 euros más IVA e intereses legales, otra obligación que debe ser explicada con transparencia dentro de la situación financiera municipal.
Díaz ha concluido que “Torre Galera debería marcar el final de una determinada forma de entender la política urbanística en nuestro municipio”.
“Cuidar Almuñécar también significa cuidar sus cuentas, su territorio y sus instituciones. No se trata solamente de hacer cosas durante cuatro años para poder enseñarlas antes de unas elecciones. Gobernar es también tener la responsabilidad de no dejar una factura a quienes vengan dentro de diez o veinte años”, ha finalizado.
