Entre 45.000 y 50.000 jóvenes y familias que viven de alquiler en la provincia de Granada se verán afectadas por la nueva legislación del Gobierno en esta materia, que facilitará y acelerará el proceso de desahucio de los inquilinos, entre otras medidas.
Así lo ha denunciado hoy el senador del PSOE por Granada, Juan Manuel Fernández, que ha valorado el denominado Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas como «una reforma que responde básicamente a las exigencias de los bancos».
El representante socialista ha precisado que, según los últimos datos del INE relativos a 2010, la provincia de Granada registra 352.010 viviendas principales y casi 181.000 no principales. Dentro de las primeras, entre el 13 y el 14 por ciento son en alquiler según las cifras del Banco de España, ha detallado el senador del PSOE para ilustrar el «impacto social tan importante» de la nueva legislación que, según ha afirmado, «altera las condiciones del alquiler y facilita que se pueda expulsar a los inquilinos».
Para Fernández, el Gobierno persigue ayudar a los bancos a vender las viviendas que tienen acumuladas y ve a potenciales compradores en «sociedades especulativas de inversión inmobiliaria», en referencia a las denominadas Socimi. «Esta ley es para los bancos, no es para las personas, ni para los arrendadores por mucho que la maquillen, ya que facilita la especulación con la vivienda», ha señalado el senador socialista, quien ha agregado que la reforma «no responde a la demanda de ninguna organización, ni de propietarios, ni de inquilinos, ni de organizaciones de consumidores o sociales».
Así, ha acusado al PP de olvidar el derecho a la vivienda y de plantear el alquiler como «un negocio» donde, según ha asegurado, «ve al inquilino no ya como un consumidor, sino que lo empieza a ver como un ocupa». En este sentido, ha desgranado algunas medidas de la reforma y ha indicado que el anteproyecto de ley evidencia «una pérdida de seguridad jurídica del arrendatario», al que se le sustrae además el derecho de adquisición preferente. El arrendador o propietario va a poder además actualizar las rentas al margen del IPC y disponer de la vivienda para sí o para sus familiares en cualquier momento.
«No entendemos en qué beneficia tampoco al alquiler el que los contratos duren tres años en lugar de cinco o que haya un año de prórroga en lugar de tres», ha criticado Juan Manuel Fernández.
«Paraíso fiscal inmobiliario»
Ha manifestado también que la nueva reforma puede convertir a España en «un paraíso fiscal inmobiliario». En este sentido, ha advertido de que las sociedades de inversión inmobiliaria podrán comprar viviendas y estarán obligadas a dedicarlas al alquiler durante sólo tres años. Gozarán además de «enormes ventajas fiscales» por hacer eso, ha precisado Fernández, quien ha informado de que tributarán al cero por ciento en el Impuesto de Sociedades, «mientras nos suben el IVA a todos».
Además, pagarán impuestos sólo cuando repartan dividendos y, en este supuesto, se verán eximidas de abonar un 25 por ciento de esos impuestos y tributarán sólo al 19 por ciento. «Pagarán impuestos por sus beneficios por debajo del 15 por ciento», ha asegurado.
El representante socialista ha criticado también que la nueva legislación supone un «desequilibrio» en la relación entre el arrendatario y el arrendador, «a favor del propietario, sobre todo, si es un banco».
Desde el grupo parlamentario del PSOE muestran su rechazo «frontal» a la reforma y proponen que se fomente el alquiler, pero con iguales condiciones fiscales al alquiler y a la compra.
«El PP nos está acostumbrando a gobernar a impulsos ideológicos, aprovecha la crisis para introducir reformas que, lejos de resolver la situación, lo que hacen es cambiar el modelo de convivencia de la transición y buscan derechizar nuestras leyes», ha concluido.
