El grupo socialista de la Diputación de Granada ha denunciado hoy que el presidente de la corporación, Sebastián Pérez, ejerce con formas propias de «caudillo» en la provincia después de que un juzgado haya condenado por ‘desviación de poder’ una resolución de Pérez por la que suspendía un concurso de méritos para excluir a un candidato a la secretaría general de la institución para sustituirlo por un cargo nombrado a dedo. «Creemos que Sebastián Pérez ejerce de caudillo en la provincia».
Así lo ha señalado el diputado socialista José María Aponte, quien ha preguntado al presidente de la corporación por qué le estorbaba un legítimo candidato para un puesto, el de secretario general, que supone ser el máximo garante de la legalidad y de los procedimientos de la institución. «No queremos pensar que Sebastián Pérez quiere oscurantismo en la legalidad jurídica de todos los actos de la Diputación y en los procedimientos que se tienen que llevar a cabo», ha añadido.
El representante socialista ha afirmado que la sentencia, que supone según ha señalado un «revolcón jurídico» para el presidente, detalla «actos muy graves». Así, ha incidido en que el tribunal considera que la resolución dictada por Pérez conculca los principios de protección de la confianza legítima, de la seguridad jurídica y de buena fe y dice que existen indicios claros de ‘animus nocendi’, esto es, propósito de dañar o perjudicar.
«El presidente de la Diputación ha dictado resoluciones con el propósito de dañar o perjudicar a una persona que quería optar al puesto de la Secretaría General de la corporación», ha señalado Aponte, quien ha considerado «sumamente grave» que un presidente de la Diputación utilice su poder para actuar de esta forma. «Se trata de una sentencia que evidencia las formas y el talante del presidente de la Diputación», ha apostillado.
Aponte se ha preguntado igualmente con qué cara Pérez y los mandatados por él van a seguir pidiendo dimisiones como la que exigen al portavoz socialista de la capital, Francisco Cuenca, que no está incurso en ninguna causa judicial, cuando la condenada es la propia Diputación y una resolución que el presidente firmó en octubre de 2011.
Aponte ha advertido de que además de «caudillo», Pérez también ejerce como un «pésimo» gestor. En este sentido, ha aludido al grado de cumplimiento de los planes de obras y servicios de 2012, de los que el gobierno provincial del PP apenas ha ejecutado un 0,03 por ciento, toda una «proeza», según ha ironizado Aponte, quien ha indicado que esta actuación ha supuesto la pérdida de 9 millones de euros dedicados a estos planes.
El diputado socialista ha insistido además en solicitar a Sebastián Pérez que se dedique a trabajar, a gestionar y a generar empleo en la provincia y se deje de este tipo de prácticas, que le han supuesto un serio y duro varapalo de un tribunal
