EL FARO
“Ruiz Joya y Herrera amparan una construcción ilegal de una ex concejal del PP”
“El alcalde del PP, Sr. González Montoro, durante su gobierno fruto de su pacto con unos tránsfugas del PSOE que han acabado en IU, no se caracterizó por cumplir las normas urbanísticas. Varias sentencias firmes, de gran calado, pusieron en evidencia licencias de obras que se saltaron la legalidad. La más llamativa de ellas, por el gran impacto que produce esa enorme estructura de hormigón a la entrada de la ciudad, es el edificio “Picadilly”, señala CA.
“La licencia otorgada por el alcalde del PP se saltó todas las normas. No solo construyeron tres plantas de más, sino que invadieron la zona de servidumbre de la CN 340. La consecuencia fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, declarando ilegal la sentencia y ordenando la demolición”, indica CA.
“Los trámites de ejecución de la sentencia, iniciados por el gobierno andalucista, se paralizaron nada más iniciarse el gobierno de Herrera-Ruiz Joya. El edificio era propiedad de la familia de una concejal del PP y, amparar a los “suyos”, tenía más valor que preservar la legalidad urbanística”, denuncian los andalucistas.
“Durante 12 años, los dos alcaldes del PP se han negado sistemáticamente a cumplir la sentencia judicial, con múltiples triquiñuelas, aprovechándose de la lentitud y poca eficacia de la administración de justicia. Pero no acaba ahí su falta de respeto a las sentencias judiciales. En contra de lo marcado por la ley, en contra de los informes del asesor jurídico del departamento de urbanismo del Ayuntamiento, están intentando legalizar lo ilegalizable a través del no-nato plan de urbanismo que han pactado con IU”, declara CA.
“En una sociedad democrática, la ley debe ser igual para todos y es ética y moralmente repudiable la actitud de Herrera y Ruiz Joya de aplicar la ley del embudo, con el único argumento de que el transgresor de la ley es uno de los “suyos”, manifiestan los andalucista
“El gobierno andalucista tiene el firme propósito de que se cumpla la legalidad urbanística y se ejecute la sentencia demoliendo la estructura del “Picadilly”, porque la ley debe ser igual para todos”, finaliza CA.
