EL FARO
Desde el respeto a la independencia del Poder Judicial y los procedimientos judiciales, el Ministerio recuerda que tanto la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul recogen la obligación del Estado Español de proteger y amparar al menor y actuar con la diligencia debida
El Ministerio de Igualdad destaca, en relación a la indeterminación o discrepancias sobre cuál es el órgano judicial en España para decidir sobre la situación del hijo pequeño de Juana Rivas y el riesgo de que tenga que regresar a Italia con su padre, que, desde el respeto a la independencia del Poder Judicial y los procedimientos judiciales, siempre debe prevalecer el interés superior del menor. “El interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador”, explica la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Del mismo modo, la ministra recuerda que tanto los Juzgados de Violencia contra la Mujer, si se entiende que hay violencia de género o vicaria, como los Juzgados de Instrucción y los de Familia, si se entiende que hay violencia doméstica, pueden y deben proteger y amparar al menor, en aplicación de la obligación del Estado Español de aplicar la diligencia debida recogida en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el Convenio de Estambul.
La ministra recuerda que el Reglamento 2019/1111 del Consejo de la Unión Europea, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, deja la puerta abierta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contrario al orden público o a que la competencia judicial corresponda al país dónde está el menor de facto siempre y cuando exista un problema de orden público, considerando a este como un orden constitucional, en el que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas por igual. “El orden público en democracia es el orden público basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre”, explica la ministra.
Finalmente, Redondo destaca que es imprescindible seguir avanzando en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que tipos de violencia como la vicaria dispongan de una normativa aplicable en España.
