El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han formalizado el traspaso a la comunidad autónoma de las funciones y servicios del Estado en materia de ordenación y gestión del litoral. Ambas administraciones han celebrado hoy en Málaga una reunión que ha estado presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno.
El traspaso desarrolla lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorga a la comunidad competencias exclusivas en la gestión del litoral. A partir del 1 de abril, fecha en la que será efectivo el acuerdo, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre (como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros).
Entre estos permisos se encuentran los relativos a los llamados ‘chiringuitos’. La Junta también regulará los usos de temporada en las playas (por ejemplo, las relativas a zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (zonas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros).
La Junta también se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, tales como:
– Realización de vertidos.
– Explotaciones de acuicultura.
– Actividades que requieran instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año.
– Explotaciones de recursos mineros o energéticos.
– Ejecución de obras fijas en el mar.
– Instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas.
OBRAS DE INTERÉS GENERAL
Se prevé igualmente la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad autonómica, o a la ampliación o modificación de los existentes.
En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una comisión bipartita para la planificación de estas obras. En este sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Con este acuerdo, Andalucía asume la mayor parte de los expedientes que afectan a las autorizaciones y a las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre, estableciéndose los adecuados mecanismos de coordinación con la Administración General del Estado, titular de dicho dominio público.
