EL FARO
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios, incluyendo ayudas y medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en municipios de Andalucía y Extremadura. El nuevo paquete de medidas, que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de más de 12.400 personas.
Las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley se aplicarán en aquellos municipios que hayan sufrido desalojos y también en aquellos en atención a la magnitud de los daños provocados por la catástrofe o cuya situación financiera ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a la reconstrucción. El Ministerio de Política Territorial determinará en el plazo de un mes las zonas o municipios afectados.
En cualquier caso, el Real Decreto-ley sí detalla los municipios y zonas afectadas que podrán acogerse a las ayudas agrarias.
La norma recoge medidas propuestas por los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Economía, Comercio y Empresa; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ayudas para las familias
La norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.
El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de
15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a
10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.
Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.
Plan de ayudas a ayuntamientos con un fondo de 2.000 millones
Se pone en marcha un plan de ayudas a corporaciones locales para que puedan llevar a cabo actuaciones inaplazables ante los daños del temporal. La novedad es que estas ayudas de emergencia podrán anticiparse al 100% de su valor para los ayuntamientos que lo soliciten. El Estado moviliza un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para dar cobertura en 2026 a las entidades locales y las necesidades financieras que se deriven de las actuaciones que deban realizar para paliar los efectos derivados de la catástrofe, para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales.
También se flexibilizará la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y, además, se les permitirá usar su superávit de 2025. Otra ventaja para los ayuntamientos es la ampliación de los plazos legales para ejecutar obras de reconstrucción.
A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas por la borrasca.
Medidas fiscales
También se aprobarán exenciones en IRPF y Sociedades de todas las ayudas, en el IBI a inmuebles rústicos, y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas. El impacto por estas medidas fiscales alcanza los 320 millones de euros. En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución. Todas estas ayudas estarán exentas de tributación, tal y como ocurrió con las ayudas que el Estado concedió por la Dana en noviembre de 2024. Y serán compatibles entre sí, por lo que recibir una de ellas no impedirá que se pueda percibir otra si se cumplen los requisitos.
Las ayudas tendrán efecto retroactivo y contarán desde el inicio de sus desalojos. Junto a esta, se pondrán en marcha las habituales ayudas destinadas a paliar daños personales (fallecimientos) y daños materiales en vivienda. El apoyo también tendrá en cuenta los enseres y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. La cuantía de estas se multiplicará por cuatro para así llegar a todo entorno afectado, sea familiar o material.
Ayudas directas para hostelería y comercio minorista
La Agencia Tributaria desplegará además una línea de ayudas directas a personas físicas, empresarios o profesionales que desarrollen actividades económicas distintas de las agrícolas, forestales, ganaderas o pesquera. Para personas físicas, las ayudas ascenderán a 5.000 euros y empezarán a abonarse a partir del 19 de marzo de 2026. Para las empresas, el apoyo irá de los 10.000 euros a los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Por ejemplo, quienes tengan entre 1 y 2 millones de euros contarán con 20.000 euros.
El reparto de ayudas se basará en tres supuestos. El primero, para los municipios de Dúdar, Benaojan y Grazalema, donde la ayuda será para quienes realicen cualquier tipo de actividad. El segundo, para las poblaciones de igual o menos de 5.000 habitantes, siempre que desarrollen una actividad de comercio minorista, restauración u hospedaje. Por último, en los pueblos de más de 5.000 habitantes se pondrán los mismos requisitos, pero en este caso los locales declarados afectados deben estar en zonas evacuadas o gravemente dañadas por las lluvias.
Se habilita además un tramo de avales previsto para la dana para la cobertura de la financiación a empresas y autónomos, hasta un máximo de 250 millones de euros.
El ICO también ejercerá un papel destacado a través de una línea de avales para las víctimas de la borrasca. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros volverá a asumir la gestión de las indemnizaciones por ser un evento extraordinario, tal y como ocurrió en la dana.
Medidas para agricultura, pesca y ganadería
El paquete de medidas para el sector primario supera los 2.800 millones de euros. Concretamente, se aprueban ayudas directas por pérdida de renta en agricultura, la subvención adicional a los titulares de los seguros agrarios, así como a los armadores afectados suman 2.174 millones de euros. Igualmente, se habilita una línea de financiación dotada con 100 millones de euros que asumirá el 15% del principal de los créditos que soliciten agricultores y pescadores, así como el coste de los avales. Además, estos temporales se consideran como causa de fuerza mayor ante el posible incumplimiento total o parcial de determinadas obligaciones, por ejemplo, en el marco de la Política Agraria Común (PAC)
También se reduce de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria; la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica; una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario y ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. Se activa además una línea de avales ICO-MAPA- SAECA Borrascas de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias afectadas.
Reparación de infraestructuras
A través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, se repararán los caminos e infraestructuras agrarias dañadas, así como las instalaciones de regadío, con una dotación de 600 millones de euros.
Igualmente, hay otro paquete de ayudas de 600 millones dedicados a costas y cauces. De estos, 200 millones los canalizará el Estado para cauces fluviales y costeros de su competencia y los otros 400 millones irán destinados a Ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas, abastecimientos o playas.
Además, el Gobierno reparará las redes de carreteras del Estado e infraestructuras ferroviarias afectadas.
Medidas laborales y de Seguridad Social
Para los trabajadores autónomos, se establece una prestación por cese de actividad que podrá extenderse hasta el 31 de mayo de 2026, sin necesidad de acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización y sin que compute de cara a futuras prestaciones.
Además, las empresas cuya actividad se vea afectada por las inundaciones, podrán solicitar exenciones a la cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como consecuencia de las inundaciones. Se despliegan la protección de los ERTE por causa de fuerza mayor para los trabajadores y empresas. Las empresas y los autónomos, afectados directamente que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como consecuencia de las inundaciones, se beneficiarán de un «coste cero» en cotizaciones sociales para mitigar la falta de ingresos. En estos casos, se establece la prohibición del despido en empresas beneficiarias.
Se aprueban también aplazamientos y moratorias con condiciones especiales en el pago de obligaciones con la Seguridad Social para las empresas y autónomos que han sufrido el impacto de las inundaciones. Por último, se garantiza la protección por desempleo para los empleados del hogar.
