El Colegio de Abogados de Granada suspende el pago de la cuota colegial durante los próximos tres meses

R.E.F.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha acordado la suspensión del pago de la cuota colegial durante los meses de abril, mayo y junio, ante la gravedad de la situación de la alarma sanitaria y las dificultades económicas que esta crisis va a provocar en el ejercicio de la profesión en el corto e, incluso, medio plazo.

Así lo ha decidido el órgano rector de la Corporación, en sesión extraordinaria, después del estudio detallado de diferentes medidas en relación al cobro de las cuotas colegiales, con la evaluación de distintas posibilidades de exención total de cuotas durante determinado periodo de tiempo, la consideración de los fondos propios del Colegio, la posible evolución de los ingresos regulares del Colegio y los obligados compromisos de pago de la Corporación, resaltando que el Colegio siempre ha estado, está y estará favor de todos sus colegiados. “En una situación tan compleja e inesperada como la que nos está tocando vivir, esta Corporación tratará de ayudar a todos y cada uno de los colegiados, siempre dentro de las posibilidades que el cumplimiento de la Ley y los Estatutos nos permitan”, insiste el decano, Leandro Cabrera.

En concreto, el acuerdo de la Junta de Gobierno establece las siguientes medidas:

• Dejar sin efecto el anterior acuerdo de esta Junta de Gobierno del 25/02/2020, de causar baja por falta de pago, con efectos del próximo día 1 de abril, de la relación de colegiados afectados.

• Suspender el pago de la cuota colegial (no la prima del seguro de responsabilidad civil) durante los tres próximos meses (abril, mayo y junio). Conforme se desarrollen los acontecimientos del estado de alarma se decidirá el aplazamiento, reducción o, en su caso eliminación de tales cuotas.

Al mismo tiempo, la Abogacía granadina ya se está trabajando con Caja Rural de Granada, al ser la entidad financiera de cabecera del Colegio, y con otras entidades financieras, en diseñar un plan de crédito, cobertura de descubiertos y fomento de la liquidez, al menor coste y con las menores garantías posibles y con atención personalizada, para poder ofrecerlo cuanto antes al colectivo profesional.

Esta nueva medida se suma a otras decisiones aprobadas en la última semana por el Colegio de Abogados de Granada, dirigidas a garantizar la seguridad del colectivo frente a la propagación del coronavirus COVID-19. En concreto, respecto a los letrados que prestan los servicios de asistencia jurídica al detenido y víctimas de violencia de género incluidos en la resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales de la Administración de Justicia, la Corporación acordó: 

• Suspender la limitación de la cesión de guardias durante este periodo y hasta que sea anunciado nuevamente.
• Suspender igualmente la limitación de cambio de guardias por partido y especialidad, de forma que una guardia de cualquier partido y especialidad podrá cambiarse por otra de diferente partido y/o especialidad.
• Invitar a los letrados a que soliciten a las autoridades judiciales y policiales que la asistencia jurídica a los detenidos y a las víctimas de violencia de género se realice por vía telefónica o videoconferencia y, en caso de no ser posible, exigir que se cumplen unas mínimas condiciones de seguridad y salud en las funciones de la guardia, de modo que se respete una distancia mínima de al menos 1,5 metros entre las personas y se proporcionen, al menos, mascarilla y guantes, si el letrado no ha podido obtenerlas por otros medios.
• Comunicar al censo la opción de negarse a prestar dicha asistencia jurídica, a su criterio, en el caso de que no se reúnan las condiciones higiénico-sanitarias antes mencionadas. En este supuesto, el Colegio amparará a los abogados que adopten tan excepcional decisión a través del correo electrónico incidenciaguardia@icagr.es.
• Para dar cumplimiento a estas medidas preventivas, la Abogacía granadina también remitió un escrito con este protocolo de actuación a la Subdelegación del Gobierno en Granada, trasladándolo también al presidente de la Audiencia Provincial.

Asimismo, en el ámbito organizativo, de servicios y de atención al público, la Abogacía granadina también decidió:

• Cerrar al público las instalaciones colegiales de todas sus sedes y dependencias, tanto de cara a los colegiados como a los ciudadanos, en aras de salvaguardar los derechos de los colegiados, ciudadanos y personal. Para cualquier consulta o urgencia, se atenderá a través de la dirección de correo electrónico del departamento que corresponda.
• Habilitar la dirección soporte@icagr.es donde los colegiados pueden solicitar soporte informático en caso de incidencias con el acceso a la web, correo electrónico o tarjetas ACA, indicando su número de colegiado, teléfono de contacto y asunto. Todas las solicitudes se atenderán de manera ordenada en el menor tiempo posible.
• Habilitar una herramienta de chat en vivo. Se puede acceder a esta nueva funcionalidad a través del icono que se encuentra en la esquina inferior derecha de la web colegial. El horario de atención en vivo será de 9 a 15 horas, el resto de horas el sistema permanecerá offline, pudiendo dejar así mismo un mensaje que será atendido al día siguiente.
• Aplazar todos los actos programados en la sede del Colegio desde el 12 de marzo.
• Suspender de forma inmediata las clases de Máster de la Abogacía y del resto de programas formativos que se imparten en las instalaciones del Colegio a través de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas, en aras al sentido común que ha de imperar en estos momentos para preservar la integridad de la salud tanto de los alumnos, como de los profesores y del personal. La Junta de Gobierno se pone a disposición de la Universidad de Granada, miembro de la Fundación, para adoptar cualquier medida que facilite la continuación de la actividad docente garantizando la seguridad de los intervinientes.
• Instar a las autoridades judiciales, tanto de la capital como de la provincia y comunidad autónoma, para que procedan a la suspensión de forma inmediata de todas las actuaciones judiciales (incluidos juicios y vistas) que no tengan el carácter de urgente.

Suspender el servicio de préstamo de togas que ofrece la Corporación desde el 11 de marzo. Cabe recordar que en este sentido que los letrados quedan dispensados de llevar la toga colegial en las comparecencias en las distintas salas de vistas de los órganos judiciales de Granada con carácter excepcional.