Educadoras y familias afectadas en la Escuela Infantil Rosa López Cervantes de Motril se concentran en el ayuntamiento, pidiendo soluciones «inmediatas»

Cómo empezó todo

Antes incluso de recibir ninguna comunicación oficial, las familias de este centro tuvimos conocimiento de que las educadoras llevaban meses sin cobrar sus nóminas. No lo supimos por el ayuntamiento ni por la empresa: lo supimos porque nos preocupamos por ellas, porque son las personas que cuidan a nuestros hijos cada día, y porque lo que les estaba ocurriendo era una injusticia que no podíamos ignorar. Cuando pedimos explicaciones a la dirección del centro, la respuesta fue que el Ayuntamiento de Motril no estaba pagando a la empresa lo que le correspondía. Las familias nos encontramos así, desde el principio, atrapadas entre dos partes que se señalaban mutuamente, mientras nuestros hijos seguían yendo al centro cada mañana sin que nadie nos dijera qué estaba pasando realmente ni cuándo iba a resolverse.

El 27 de marzo, la empresa concesionaria Servicios Educativos BúhoSabio nos envió un comunicado a través de iPasen confirmando esa versión: anunciaba que había solicitado al Ayuntamiento de Motril la rescisión de su contrato, argumentando una situación de asfixia económica achacada al consistorio. A partir de ese momento, la crisis dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad oficial. Pero las explicaciones siguieron sin llegar.

El 30 de abril, el Pleno Municipal celebró una sesión extraordinaria urgente y aprobó por unanimidad el inicio del procedimiento de secuestro de la gestión del centro. La concejala de Educación pidió públicamente tranquilidad a las familias y anunció que en los próximos días recibiríamos información detallada. Han pasado cuarenta y un días. Seguimos esperando.

Una escuela con dos administraciones responsables

La Escuela Infantil Rosa López Cervantes es un centro concertado con la Junta de Andalucía. Esto significa que la administración autonómica no es una espectadora ajena a lo que ocurre aquí: el proyecto educativo del centro es competencia de la Junta, y nos preguntamos si esa competencia no lleva aparejada alguna obligación de seguimiento y supervisión sobre su cumplimiento real en las aulas. En todo este tiempo, la Junta de Andalucía no se ha personado de ninguna forma en este conflicto ni ha dado señal alguna de que le preocupe lo que está ocurriendo en este centro. Las familias no podemos afirmar con certeza dónde acaba exactamente su responsabilidad administrativa, pero sí podemos decir que su silencio resulta llamativo, y que esperamos que una situación de esta gravedad merezca, al menos, algún tipo de pronunciamiento por su parte.

Lo que estamos viendo

Desde que el Ayuntamiento inició el procedimiento de secuestro, entendemos que su obligación es ejercer un control y vigilancia efectivos sobre la prestación del servicio para garantizar que se desarrolla en condiciones óptimas. Eso no está ocurriendo. Esto es lo que las familias estamos comprobando cada día:

• El menú del comedor no se publica. No sabemos qué comen nuestros hijos.
• Las rutinas habituales han desaparecido. No existe un programa diario de actividades educativas.
• Algunos días se mezclan aulas de distintas edades por falta de personal suficiente.
• Se producen episodios cotidianos en los que los niños regresan a casa con golpes o mordiscos sin que sus familias reciban ninguna explicación de lo ocurrido.
• Una familia se ha visto obligada a interponer una denuncia ante la Policía por un episodio de posible maltrato a un menor en el interior del centro.
• Las propias trabajadoras del centro nos trasladan que, a día de hoy, siguen sin cobrar sus salarios. El problema que originó esta crisis no se ha resuelto para las personas que cada día entran a trabajar con nuestros hijos.

Estamos hablando de niños de entre cero y tres años. De la etapa más vulnerable de su desarrollo. De un servicio público esencial para muchas familias trabajadoras de esta ciudad.