Desde el PP se considera que se trata de un decretazo mediante el que el Gobierno de la Junta recurre a la financiación de los Ayuntamientos en lugar de asumir sus competencias
La candidata a la alcaldía de Motril por el Partido Popular, Luisa García Chamorro y la vicesecretaria general de PP-Motril, Ángeles López Cano, han denunciado que la Junta de Andalucía ha publicado una orden en el BOJA en la que anuncia que se congela el pago de todas las ayudas sociales de este año y se cobrarán en 2015 “si hay presupuesto”.
García Chamorro ha afirmado que se trata de un “decretazo mediante el que el Gobierno de Susana Díaz recurre a la financiación de los Ayuntamientos en lugar de asumir sus competencias ya que las entidades locales sí han prestado estos servicios a lo largo de 2014”.
La candidata a la alcaldía de Motril ha manifestado que “se trata de un atentado al estado de bienestar al atacar a la línea de flotación de las familias motrileñas que peor lo están pasando cuando la Junta de manera unilateral y vía decreto se carga todas las ayudas sociales para 2014 a pesar de que el Ayuntamiento ya se ha gastado todo el dinero porque siempre se va con un año de retraso, el Consistorio presta el servicio y al año siguiente lo cobra”.
De esta forma, García Chamorro ha manifestado que no se puede escudar la Junta en “si hay disponibilidad presupuestaria en 2015” porque los presupuestos del Gobierno Regional para el próximo ya están aprobados y el PSOE junto a Izquierda Unida sabrán si han consignado la cantidad de dinero suficiente para pagar todo lo que le deben a los ayuntamiento andaluces en materia de políticas sociales”.
Por su parte, López Cano ha declarado que la orden publicada en el BOJA el 10 de noviembre, anuncia que “las ayudas sociales ofrecidas durante este año se pagarán en 2015 y si hay presupuesto”.
Así, la vicesecretaria general de PP-Motril ha asegurado que desde los ayuntamientos “podemos solicitar en el mes de marzo una serie de ayudas para atender a diversos colectivos sociales como son: zonas vulnerables, exclusión social, absentismo escolar, drogodependencias, mayores, población gitana, discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, se prestan los servicios desde primeros de enero y en octubre es cuando se resuelve las ayudas que hemos pedido, en este caso al mes de informarnos lo que teníamos aprobado, después publican la orden donde dicen que no nos van a pagar lo poco que nos han concedido”.
López Cano ha recordado que hay más de 2.000 motrileños que necesitan el apoyo de estas ayudas públicas y también hay una decena de profesionales, que son los que realizan las labores y que “la Junta ahora deja en el limbo y una vez más los ayuntamientos nos sentimos indefensos porque se suprimen de golpe las ayudas y los programas sociales que hace más de una década que se realizan de forma estable.”
Por último, García Chamorro ha preguntado al PSOE y a Izquierda Unida si lo que están buscando con estas decisiones desde la Junta de Andalucía es que los ayuntamientos cierren las áreas municipales de Asuntos Sociales y las familias que no tienen recursos deban desplazarse a las delegaciones provinciales para tramitar las ayudas que luego en la mayoría de los casos no las conceden o las dan al año siguiente.
